¿UN TEMA MENOR?
El ejercicio del periodismo descansa sobre un principio tan elemental como irrenunciable: la independencia frente a cualquier forma de poder. Cuando una voz autorizada del gremio, con casi cuatro décadas de trayectoria, revela haber recibido instrucciones o sugerencias directas de una representación diplomática extranjera para silenciar determinados temas, la sociedad no asiste a una simple anécdota de sobremesa; se encuentra ante un hecho de gravedad institucional.
Recientemente, el periodista Raúl Peñaranda, director del portal Brújula Digital, hizo público que la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia le envió un mensaje a través de Whatsapp instándolo a evitar el tratamiento de ciertos asuntos en su labor informativa.
Pese a reconocer que en 37 años de carrera jamás una legación extranjera le había remitido semejante comunicación, el comunicador optó por relativizar el incidente, reservarse el contenido explícito del texto y calificar el episodio, de manera textual, como “un tema menor”.
Cabe formular la pregunta de rigor con serenidad, pero con absoluta firmeza: ¿puede considerarse realmente “menor” la pretensión de una potencia internacional de trazar líneas editoriales a la prensa independiente de un país soberano?
La respuesta ética y deontológica debe ser categóricamente negativa. La censura previa o el intento de condicionar la agenda informativa no pierden su carácter lesivo por la vía diplomática o el formato digital que utilicen. La libertad de expresión no es una concesión graciosa de los gobiernos ni una dádiva de los representantes extranjeros; es un derecho ciudadano y el oxígeno indispensable de cualquier régimen democrático.
Si la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos consagra con vigor la protección irrestricta de la prensa en su propio territorio, resulta cuando menos incoherente —e inaceptable— que sus misiones diplomáticas pretendan ejercer tutela, veto o sugerencias de autocensura en suelo ajeno.
El relativismo analítico no contribuye a la salud pública ni a la transparencia democrática. Vale la pena plantear un ejercicio de honestidad intelectual: si el mensaje en cuestión proviniese de las representaciones diplomáticas de Rusia, China, Cuba o Irán, ¿la opinión pública y los propios círculos periodísticos reaccionarían con la misma indulgencia condescendiente?
La respuesta parece evidente. Un coro unánime de alertas y pronunciamientos se alzaría para denunciar una injerencia inadmisible contra la soberanía nacional y la libertad de prensa.
A lo largo de los mandatos de Evo Morales y Luis Arce, sectores de la sociedad civil y del periodismo denunciaron la presencia e influencia política de actores estatales venezolanos, cubanos, chinos o iraníes en asuntos internos.
La coherencia exige aplicar exactamente el mismo estándar de fiscalización frente a Washington. No existen hegemonías benevolentes cuando se trata de la autodeterminación y la autonomía informativa.
Al guardar silencio sobre el contenido específico de la advertencia y pretender encapsular lo ocurrido en el terreno de lo irrelevante, no se conjura el peligro; se corre el riesgo involuntario de normalizar la presión externa.
Bolivia, enfrenta desafíos económicos, judiciales y de polarización política, los medios y sus directores no pueden tolerar ni naturalizar que ningún embajador o funcionario consular pretenda redactar, revisar o vetar lo que la ciudadanía tiene derecho a saber. La soberanía y la libertad de prensa jamás fueron, ni podrán ser, un tema menor.
