BASTA DE PAYASADAS
Pocas veces el discurso político exhibe una distancia tan lacerante frente a la vida cotidiana como cuando apela a parábolas simplistas para justificar la estrechez de las mayorías. Las recientes afirmaciones de la diputada por el PDC, Claudia Bilbao, al instar a la ciudadanía a “aguantar” la severa crisis que sacude al país y equiparar la administración gubernamental de Rodrigo Paz con un hogar en quiebra —sosteniendo que “si el papá y la mamá ya no tienen trabajo, los hijos ya no tendrán recreo”—, constituyen una muestra palmaria de indolencia conceptual y de desprecio por el esfuerzo cotidiano de los bolivianos.
Reducir la complejidad macroeconómica, el impacto de las medidas oficiales y la asfixia del poder adquisitivo a la privación de un “recreo” infantil no solo representa un desatino retórico; es una banalización inaceptable de la angustia colectiva. En los hogares de nuestro país, el debate de cada jornada no gira en torno a suspender propinas o lujos prescindibles.
La disyuntiva diaria en las mesas populares se traduce en estirar ingresos menguados para garantizar el almuerzo, pagar el pasaje diario, comprar medicamentos o evitar el colapso de un pequeño emprendimiento informal. Los bolivianos no demandan concesiones paternalistas; exigen certidumbre, conducción económica eficaz y probidad en la gestión pública.
El núcleo de la indignación radica en la asimetría moral desde donde se formulan estas exigencias de resignación. Se pide sacrificio, austeridad y paciencia a un pueblo fatigado, mientras la jerarquía política nacional permanece resguardada en una burbuja de privilegios presupuestarios que desafía toda noción de solidaridad cívica.
Las cifras oficiales son elocuentes: el primer mandatario y el vicepresidente perciben Bs 24.978 mensuales; un legislador titular ostenta un haber de Bs 23.312 y los suplentes Bs 7.500; mientras que los ministros de Estado alcanzan Bs 22.202 y los viceministros Bs 20.816.
Percibir remuneraciones que superan ampliamente los ingresos de cualquier familia trabajadora descalifica éticamente a cualquier autoridad para pontificar sobre la necesidad de “apretarse el cinturón”. Cuando el recorte nunca toca el sueldo, los viáticos, los vehículos oficiales ni las comodidades del aparato estatal, la prédica del sacrificio deja de ser un llamado patriótico y se convierte en una afrenta directa a la dignidad ciudadana.
Un gobierno que asume medidas de ajuste y un parlamento que respalda tales decisiones tienen la obligación democrática de predicar con el ejemplo tangible. Si el Estado atraviesa un momento crítico que demanda austeridad, ese rigor debe comenzar rigurosamente por la cúspide del poder.
Exigir que los sectores más desprotegidos absorban el encarecimiento del costo de vida mientras la burocracia política preserva intacta su escala salarial no es gobernar con madurez: es desentenderse de la realidad nacional.
El país no necesita metáforas caseras concebidas para eludir responsabilidades de fondo ni sermones que disfracen la ineficacia bajo el ropaje de la resignación obligada. Bolivia exige madurez técnica, sensibilidad social y congruencia política. Resulta imperativo terminar con las frivolidades dialécticas y con las puestas en escena que ofenden la inteligencia colectiva.
Es momento de que la clase gobernante abandone la retórica complaciente, asuma su cuota real de austeridad y actúe a la altura de las circunstancias.
La ciudadanía ya soportó demasiado; basta de payasadas.
