FUERA DEL TIESTO
El refranero popular, sabio y descriptivo como pocos instrumentos del lenguaje, reserva la frase de la cual se desprende nuestro título para señalar a quien yerra el tiro, pierde la mesura o actúa en manifiesta discordancia con el lugar, la investidura y el momento.
En el ejercicio de la función pública, donde el escrutinio social no es una concesión graciosa sino una obligación ineludible, perder el compás de las formas institucionales equivale, precisamente, a situarse “fuera del tiesto”.
El reciente suceso con los trabajadores de la prensa en Villazón, que involucra al gobernador de Potosí, René Joaquino Cabrera, reabren una discusión perentoria: los límites del poder frente al derecho ciudadano a la información.
La labor periodística no es una presencia decorativa ni un séquito protocolar en los actos oficiales; es el canal legítimo a través del cual la sociedad fiscaliza la deliberación de asuntos públicos. Increpar a un reportero en pleno ejercicio de sus funciones o propiciar el retiro indirecto de los medios de un espacio donde se tratan temas de interés colectivo —como denunció la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Potosí (ala Erwin Valda)— no solo constituye un error táctico de comunicación, sino una distorsión del rol republicano.
Ciertamente, toda autoridad tiene derecho a discrepar, a ordenar sus intervenciones y a exigir rigor a los profesionales de la comunicación. No obstante, en democracia las formas importan tanto como el fondo. Existen vías institucionales, instancias de diálogo y principios de cortesía cívica para expresar desacuerdos o solicitar precisiones.
La increpación áspera, la altivez o el intento deliberado de bloquear la cobertura informativa son mecanismos propios del autoritarismo, incompatibles con una gestión que deba regirse por la transparencia.
Resulta alarmante que, ante el abordaje de problemáticas largamente postergadas en municipios fronterizos como Villazón, la respuesta desde la máxima instancia departamental sea la cerrazón o el reproche a quienes cumplen el deber de documentar el hecho.
La prensa no incomoda por capricho; incomoda por naturaleza constitucional, porque su misión no es adular el poder, sino interpelarlo con preguntas que con frecuencia resultan ingratas para los despachos gubernamentales. El hermetismo y la descalificación solo siembran dudas sobre la voluntad de rendir cuentas claras ante la población.
El pronunciamiento gremial emitido en las últimas horas es el síntoma de una fractura que el Ejecutivo departamental está obligado a reparar sin dilaciones ni soberbia. Quien gobierna para todos los potosinos no puede permitirse atrincherarse en el recelo ni ver adversarios en cada micrófono.
Exigir respeto mutuo no implica sumisión: los periodistas deben apegarse a la ética y a la verdad, y las autoridades deben garantizar que esa búsqueda se realice en condiciones de libertad y seguridad.
Desubicarse en el trato a la prensa debilita la legitimidad de cualquier mandato. El gobernador Joaquino cuenta aún con la oportunidad de reconducir el relacionamiento con los medios y devolver la serenidad al debate público. El primer paso consiste en comprender que el tiesto del debate democrático exige apertura, tolerancia a la crítica y respeto irrestricto a la labor informativa.
Todo lo demás es, simple y llanamente, extraviar el rumbo.
