NO ERA PIOJO TUERTO
La memoria institucional de Bolivia padece de una selectividad tan conveniente como recurrente. Asistimos hoy al espectáculo del linchamiento político y penal de quien, hasta hace muy poco, ocupaba la cúspide del Ministerio Público.
Róger Mariaca Montenegro pasó vertiginosamente, en cuestión de semanas, de ser el jurista elogiado y ungido por un pacto político transversal convertirse por la narrativa oficial como una suerte de capo del crimen organizado, dotado de un poder absoluto que supuestamente dejaría a figuras del narcotráfico internacional como Sebastián Marset y compañía, convertidos en simples e intrascendentes «piojos tuertos».
Este viraje de 180 grados interpela la madurez democrática y la honestidad de la clase política boliviana. Conviene recordar con rigor los orígenes de su investidura: en octubre de 2024, Mariaca alcanzó los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional gracias a 115 votos.
Aquella mayoría calificada no provino exclusivamente de las filas del oficialismo de entonces; requirió inexorablemente el concurso complaciente de al menos 19 legisladores de oposición. En aquel momento, amplios sectores —incluidas élites regionales que hoy fingen amnesia— aplaudieron su ascenso, toleraron la imposición de estéticas corporativas cuestionables y guardaron silencio ante denuncias tempranas sobre irregularidades procesales y presiones para frenar recursos de inconstitucionalidad.
Resulta indispensable analizar con sentido crítico la sincronía de las revelaciones actuales. ¿Por qué exlegisladores que conocieron las anomalías de aquella designación esperaron dos años para denunciar presiones internas y acuerdos de pasillo? ¿Por qué indicios y registros que circulaban desde meses atrás solo activaron la maquinaria judicial en octubre, tras una ruptura política abierta?
La justicia que únicamente despierta cuando el poder político de turno rompe amarras con una autoridad deja de ser justicia para convertirse en ajuste de cuentas.
La campaña discursiva emanada desde el Ministerio de Gobierno, al comparar la red atribuida a la exfiscalía con los carteles más sanguinarios de la historia continental, parece cumplir una función distractiva antes que esclarecedora.
Dimensionar el caso bajo esos términos desproporcionados corre el riesgo de construir un relato efectista destinado a opacar la falta de respuestas contundentes frente a temas estructurales de la agenda nacional: los escándalos no resueltos de tráfico de sustancias controladas en terminales aéreas, el contrabando de recursos estratégicos, el sicariato en auge y las complejas tramas de asesores foráneos en las esferas gubernamentales.
No se trata de defender la inocencia ni de exculpar a Róger Mariaca. Si el ex fiscal general vulneró la ley, organizó redes de impunidad o abusó de sus prerrogativas, debe responder ante los tribunales con todas las garantías del debido proceso y asumir las máximas consecuencias penales.
Lo inaceptable para la salud del país es que el Estado pretenda absolver de culpa a toda una clase política que lo ensalzó, lo blindó mientras fue funcional y calló hasta que una señal externa o una fricción de poder ordenó su defenestración.
Bolivia no necesita mitologías criminales creadas para el consumo mediático ni exageraciones que equiparen a funcionarios corruptos con jefes de carteles para excusar deficiencias de gestión.
Exige una justicia técnica, sobria y despolitizada, capaz de investigar las responsabilidades de fondo sin importar si el acusado viste toga, porta distintivos regionales o se sienta en los despachos del Ejecutivo.
Reducir la compleja crisis del sistema judicial a la repentina satanización de un individuo es el camino más directo para garantizar que nada cambie.
