126 VIDAS SEPULTADAS EN SOCAVONES SIN RETORNO
En las entrañas del departamento de Potosí, la muerte no es una contingencia fortuita ni un hecho aislado: se convirtió en una estadística cotidiana y sistemática. Entre enero y mediados de octubre de 2026, las faenas mineras ya cobran la vida de 126 trabajadores en las profundidades de los socavones.
Este saldo sobrepasa en menos de diez meses la totalidad de los decesos reportados a lo largo de todo el año 2025 (123 fallecidos) y marca un incremento acumulado de más del 72% respecto a las 73 muertes computadas en 2023.
La curva de fatalidad no se detiene; se acelera de forma espeluznante: mientras que hasta finales de julio se contabilizaban 83 trabajadores fallecidos, entre agosto y la primera quincena de octubre se sumaron 43 decesos adicionales. Es decir, durante el último bimestre y medio, un minero perdió la vida cada 42 horas.
Sin embargo, detrás de estos números yacen rostros, familias desmanteladas y un patrón despiadado donde el obrero es reducido a un simple insumo de lucro descartable. La Delegada Defensorial de Potosí, Jackeline Alarcón, lo resumió con una crudeza demoledora que expone las jerarquías internas de la actividad: “Si no eres socio (cooperativista), tu vida no importa”.
Desprecio por la seguridad
La sangría en los socavones contrasta de manera obscena con los volúmenes económicos que genera la minería boliviana. En los primeros ocho meses de 2026, el país exportó minerales por un valor de USD 3547 millones de dólares, de los cuales USD 3287,1 millones correspondieron al tradicional complejo de zinc, plata y plomo extraído principalmente del subsuelo potosino.
Como subraya la doctora Alarcón, “Bolivia ahora está viviendo de la minería y de donde sale más es de Potosí”. Las cooperativas mineras perciben utilidades considerables gracias a las cotizaciones internacionales, pero esos réditos no se reflejan en las condiciones subterráneas.
A pesar de tratarse de una faena de altísimo riesgo por naturaleza, las cooperativas no reinvierten sus ganancias en seguridad industrial, ventilación, fortificación o equipamiento normado. Alarcón recuerda que en otras naciones mineras, tanto en la región (como Chile y Perú) como en Europa, la extracción se desarrolla bajo estándares técnicos estrictos que impiden la proliferación de muertes como las que se presencian en Potosí.
En el departamento, la precariedad no es técnica, sino una decisión económica deliberada: transferir todo el peligro a la mano de obra vulnerable para abaratar los costos operativos.
Explotación encubierta
Quienes perecen aplastados por planchones, asfixiados o despeñados en las chimeneas rara vez son los socios de las cooperativas. Las víctimas son casi en su totalidad los denominados peones, jornaleros o “segundas manos”. Se trata de adolescentes y jóvenes provenientes del área dispersa o de barrios periféricos que acuden empujados por una necesidad económica apremiante.
Muchos de ellos llegan con el objetivo de reunir dinero durante unas semanas o meses para costear sus estudios, comprar útiles o ayudar al sustento familiar, interrumpiendo su formación académica.
La atracción económica resulta innegable en un contexto de precariedad generalizada: frente a un salario básico urbano muy inferior, la mina ofrece jornales diarios de aproximadamente 300 bolivianos, alcanzando montos cercanos a los Bs 7200 mensuales.
Este señuelo arrastra a trabajadores inexpertos, cuyos cuerpos aún en desarrollo no cuentan con la madurez biológica ni el adiestramiento técnico para sortear los riesgos del interior de la mina.
Más alarmante aún es la denuncia vertida por la Defensoría: reportes extraoficiales señalan que existen cooperativas mineras, particularmente fuera del entorno del Cerro Rico, que optan por reclutar casi exclusivamente a adolescentes y mujeres jóvenes, aprovechando que a estos sectores se les pagan montos menores por faenas de extremo peligro.
Esta precarización deliberada transforma la mano de obra joven en piezas intercambiables dentro de un engranaje que las utiliza y desecha sin asumir la más mínima responsabilidad laboral o humana.
El muro de la burocracia
Frente a este escenario, la respuesta del Estado se caracteriza por la inercia y la omisión. El Ministerio de Trabajo y su jefatura departamental carecn de presencia efectiva en los parajes de explotación y no ejecutan fiscalizaciones vinculantes sobre las condiciones de seguridad ocupacional.
Al mismo tiempo, en el ámbito penal se perpetúa la impunidad: cuando el Ministerio Público intentó abrir causas penales contra representantes y dirigentes cooperativistas, los procesos quedaron en fojas cero debido a vacíos en la normativa penal y a la falta de voluntad para sancionar estos hechos como verdaderos delitos contra la vida.
A esta parálisis se añade un obstáculo institucional insalvable: la inaccesibilidad de las autoridades regionales. Jackeline Alarcón denunció la profunda dificultad que atraviesa la Defensoría del Pueblo para coordinar con las cabezas de las entidades públicas departamentales y municipales. La constante rotación de cargos (como la presencia recurrente de fiscales interinos) y el burocratismo de las Máximas Autoridades Ejecutivas (MAE) —quienes evaden las solicitudes directas y derivan los requerimientos a subalternos— vuelven casi imposible consolidar mesas de trabajo conjuntas.
Mientras las autoridades nacionales del Ministerio de Minería se concentran exclusivamente en discursos de expansión productiva, metas de exportación e igualar las cifras de países vecinos, y FENCOMIN prioriza la demanda de nuevas áreas de explotación, combustibles y explosivos, la preservación de la vida del trabajador de base permanece completamente fuera de agenda.
Romper el silencio
Ante este encubrimiento generalizado, la Defensoría del Pueblo en Potosí no pretende cruzarse de brazos. Alarcón informó que se encuentra en curso la elaboración de una investigación integral, impulsada de la mano del Defensor del Pueblo y mediante acuerdos de cooperación con facultades de las universidades pública y privada de la región. El objetivo de este informe es documentar a profundidad las vulneraciones a los derechos humanos, los vacíos legales y el impacto social de la mortandad subterránea para presentarle a la población boliviana una radiografía fidedigna de lo que acontece en los cerros potosinos.
El panorama incluye también un riesgo estructural a largo plazo: el monocultivo extractivo. Al priorizar la minería sobre la agricultura y la ganadería en los valles templados del centro, sur y norte de Potosí, la contaminación minera avanza sobre tierras productivas y cuencas hídricas, hipotecando la diversificación económica del departamento y el futuro de las próximas generaciones.
La minería en Potosí no puede continuar sosteniéndose sobre la base de una fosa común clandestina. Los decesos en los socavones no son meros accidentes laborales; son el desenlace previsible de un esquema extractivo donde las cooperativas acumulan fortunas y el Estado mira hacia otro lado, validando la premisa de que la vida del jornalero no cuenta.
Transparentar esta realidad y sancionar a los responsables ya no es una opción técnica: es la condición indispensable para que el progreso económico deje de cobrarse la sangre de los más necesitados.
