LA VIVIENDA SOCIAL VA DE SALIDA
El sueño del techo propio para la familia trabajadora boliviana se desvanece con rapidez. Lo que durante más de una década funcionó como el pilar de inclusión financiera más emblemático del país está siendo desmontado silenciosamente mediante decretos supremos.
Mientras el discurso oficial del presidente Rodrigo Paz Pereira pregona alivio económico e inyecciones de liquidez a tasas preferenciales para apagar el descontento tras la supresión de la subvención a los carburantes, las decisiones regulatorias empujan a la vivienda de interés social hacia una salida sin retorno.
Las estadísticas del sistema financiero reflejan un retroceso alarmante. Al 30 de junio de 2026, la cartera hipotecaria social se situó en Bs 28.888 millones. Lejos de expandirse, experimentó una contracción del 6% respecto a 2025 y un desplome del 9% en comparación con 2024.
En términos monetarios netos, esto significa que el financiamiento para hogares sin vivienda se achicó en Bs 992 millones en el último año y acumula una pérdida brutal de Bs 1880 millones en un bienio. Acceder a un préstamo a tasas bajas ya no es una opción viable para la inmensa mayoría.
El economista Omar Velasco pone en evidencia la contradicción de fondo: existe un doble discurso manifiesto en el Órgano Ejecutivo. Por un lado, el presidente Paz asegura mediáticamente la asignación de Bs 800 millones dirigidos a los sectores de transporte y comercio con una tasa preferencial del 6% para amortiguar el impacto del “diéselazo”. Por el otro, en los despachos ministeriales se aprueban normas que asfixian los fondos destinados a las familias que aspiraban a salir del alquiler.
El detonante normativo es claro. En paralelo a la eliminación de los subsidios a los hidrocarburos, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5714, disposición que reduce del 50% al 40% la cuota obligatoria de cartera que los bancos múltiples deben destinar a créditos productivos y de vivienda social.
Esta medida profundiza lo que ya se había consumado en marzo mediante el D.S. 5562, cuando el Ejecutivo recortó el cupo original del 60% (fijado en el D.S. 4408) al 50%. En el caso de los bancos PYME y las entidades financieras de vivienda, la exigencia se redujo a un exiguo 30% global.
La consecuencia práctica es inmediata: al cercenar los cupos obligatorios, el Gobierno libera a las entidades financieras de la obligación de prestar barato. Los bancos, que venían mostrando una marcada reticencia a colocar recursos a tasas reguladas de entre 5,5% y 6,5% ante el encarecimiento de su fondeo, ahora redireccionan legítimamente su liquidez hacia créditos de consumo, comerciales e hipotecarios convencionales, donde las tasas son libres, variables y sustancialmente más altas.
Para el ciudadano común, la trampa es perfecta. Quien hoy acude al banco se encuentra con cuotas mensuales que prácticamente se duplicaron en poco más de un año debido a la reducción drástica de los plazos de amortización y al encarecimiento de los seguros de desgravamen.
A ello se suma la erosión del poder adquisitivo por el aumento general del costo de vida y la creciente precarización laboral, factores que descalifican automáticamente a miles de postulantes ante los filtros de riesgo crediticio.
La vivienda social en Bolivia no se extingue por falta de necesidad habitacional, sino por una decisión política deliberada. El modelo que permitía a los asalariados e independientes acceder a un patrimonio digno fue sacrificado en el altar del ajuste fiscal.
Mientras la propaganda estatal habla de reactivación y créditos de salvataje productivo, la realidad bancaria demuestra que el techo propio dejó de ser un derecho social regulado para volver a ser un privilegio inalcanzable.
