ENTRE EL ESTADO DE DERECHO Y EL TERROR DICTATORIAL
El discurso del poder estatal adquiere formas y consecuencias radicalmente distintas o similares según el régimen que lo enuncie. Al contrastar las declaraciones contemporáneas del ministro de Gobierno, Marco Oviedo, con las palabras pronunciadas en 1980 por Luis Arce Gómez —ministro del Interior del régimen de facto de Luis García Meza Tejada—, surge una interrogante ineludible: ¿cuál es la diferencia entre estas declaraciones en democracia y en dictadura?
En el primer caso, el ministro Marco Oviedo formula una advertencia tajante que divide el escenario en dos opciones: alinearse con “la ley, con el desarrollo de nuestra patria, con la convivencia pacífica” o situarse “con el delito, con el terrorismo y otro tipo de delitos de lesa humanidad”.
Promete trabajar con quienes elijan el primer camino para superar la coyuntura económica y advierte un combate incesante contra el crimen. En un tono provocador busca instalar en el imaginario colectivo que su intención es respetar el orden normativo, la convivencia cívica y la persecución de conductas tipificadas como ilícitas.
Hace 46 años, Luis Arce Gómez —representaba la cúspide del terrorismo de Estado— anunciaba una lucha frontal contra todo aquel que “denigre este país” tachándolo de “traidor a la patria” y aquel que no esté en esa línea debía “andar con su testamento bajo el brazo”.
La similitud entre ambos pronunciamientos no radica únicamente en la dureza retórica, sino en la naturaleza de los límites institucionales y el valor de la vida humana. En una democracia, el Estado fundamenta su coerción en la ley positiva y en la persecución del delito; el adversario o infractor está sujeto al debido proceso, a la revisión judicial y al respeto innegociable de sus derechos fundamentales, existiendo contrapesos que impiden la aniquilación física arbitraria.
Oviedo utilizó términos parecidos a los de la dictadura militar, donde la ley se degrada a un mero instrumento punitivo unilateral y discrecional. En el régimen garciamecista, la disidencia política no era tratada como una postura ideológica ni procesada bajo garantías penales, sino categorizada como subversión susceptible de destierro, tortura y ejecución sumaria.
Hoy, para el que no respete las políticas del gobierno de Rodrigo Paz Pereira, el mensaje no deja espacio a discusión: “a los que están del lado bueno, nosotros trabajaremos con ellos. A los que se quedan en el lado delito, los vamos a combatir incesantemente hasta lograr nuestros objetivos”.
En conclusión, la proclama dictatorial sustituye la justicia por la aniquilación del opositor. La frontera que separa a ambos mundos es la distancia insalvable entre el Estado de derecho y la tiranía abierta.
