EL DIÉSEL ENCIENDE UNA BOMBA DE TIEMPO EN LA VILLA IMPERIAL
Las matemáticas no mienten: Llenar el tanque de un Civilian urbano en la Villa Imperial cuesta hoy Bs 1436. La ecuación es elemental: con una capacidad de 80 litros que rinde para dos jornadas laborales, el operador debe destinar exactamente Bs 718 al día únicamente para garantizar que el motor arranque y circule.
Sin contar un solo centavo de mantenimiento, llantas, aceites ni el sustento diario del chofer, el combustible absorbe ya la totalidad del negocio.
Frente a este gasto fijo insoslayable, la realidad de las calles potosinas impone un límite por demás preocupante. En una jornada habitual de 4 a 5 vueltas (cubriendo entre 8 y 10 tramos con un promedio estimado de 20 pasajeros por recorrido), una unidad moviliza a cerca de 180 usuarios.
Bajo el esquema tarifario transitorio consensuado entre municipio y dirigencia del transporte —que fija el pasaje adulto en Bs 4, adulto mayor en Bs 3, universitarios y colegiales de secundaria en Bs 2, y primaria en Bs 0,50—, la recaudación ponderada apenas bordea los Bs 580 diarios.
El balance: cada micro que sale a trabajar bajo estas condiciones pierde al menos Bs 136 por día solo en combustible.
La colisión entre el volante y el municipio
La decisión del Gobierno central de ajustar o liberar el precio del diésel al ritmo del mercado internacional traslada una presión insostenible a los municipios. En Potosí, esta asimetría matemática no tardará en estallar:
- Los sindicatos y cooperativas de micros no podrán absorber el déficit operativo diario por simple matemática de subsistencia. Mantener las máquinas encendidas a pérdida forzará medidas de presión, paros escalonados y la exigencia inmediata de nivelar tarifas por encima de los Bs 5 o Bs 6 para alcanzar el punto de equilibrio.
- El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí (GAMP) y el Concejo Municipal quedarán acorralados entre el rechazo popular a un tarifazo y la parálisis total del servicio de transporte en las laderas y zonas altas de la ciudad.
- Mientras el nivel central descarga la factura fiscal del combustible y la administración municipal fija plazos —solo días para presentar informe técnico para consensuar tarifas definitivas—, la crisis terminará descargándose en el eslabón más vulnerable: el trabajador de a pie, el gremial, el estudiante y las familias potosinas, cuyos salarios no suben al ritmo del diésel internacional.
El conflicto en la Villa Imperial ya no es una hipótesis de debate: es una cuenta regresiva.
Cuando los números no cierran en el surtidor, la disputa se traslada indefectiblemente a las calles, esta vez, por un nivel central que prometió una cosa en campaña y salió con otra al asumir el gobierno.
