TENDER LA CAMA PARA SUBIR EL COMBUSTIBLE Y LA GENTE NO PROTESTE
Hay crisis que ocurren y otras que parecen construirse paso a paso. La actual crisis de combustibles en Bolivia obliga a preguntarse si el desabastecimiento fue solamente consecuencia de una mala gestión o si, como plantea el análisis del economista Omar Velasco, terminó convirtiéndose en el escenario perfecto para imponer un cambio profundo en el mercado de carburantes.
La escena es reveladora: mientras la población hace largas filas para conseguir gasolina y diésel, quienes necesitan combustible para trabajar, producir o simplemente movilizarse terminan recurriendo al sector privado y pagando precios cercanos a los internacionales. En Santa Cruz, la gasolina llegó a venderse a Bs19,4 por litro y el diésel a Bs21,5. El problema ya no es solamente cuánto cuesta el combustible. El verdadero problema es que la población fue colocada ante una disyuntiva brutal: pagar más o detenerse.
Aquí aparece la pregunta incómoda: ¿se preparó el terreno para que la sociedad terminara aceptando lo que, en condiciones normales, habría provocado una fuerte reacción social?
El deterioro del abastecimiento, los cuestionamientos a YPFB y las denuncias sobre supuestas mafias internas construyeron durante meses una narrativa de ineficiencia y corrupción alrededor de la empresa estatal. Después llegó la solución: retirar progresivamente a YPFB de la comercialización y abrir el mercado al sector privado.
El razonamiento expuesto por Velasco plantea una hipótesis que merece ser investigada: ¿pudo haberse generado deliberadamente una situación de caos para desprestigiar a la empresa estatal y crear las condiciones sociales para una liberalización de precios? No corresponde afirmar que eso ocurrió sin pruebas. Pero tampoco debería descartarse la pregunta cuando la secuencia de acontecimientos termina beneficiando claramente a determinados actores.
Los números explican por qué. Si la gasolina aumenta 164% y el diésel 120%, no estamos frente a un simple ajuste administrativo. Estamos ante una transferencia de costos que golpea directamente al ciudadano y, por efecto dominó, encarece el transporte, los alimentos, la producción y prácticamente toda la economía.
La paradoja es evidente: primero se asfixia a la población con la escasez; después, cuando necesita respirar, se le ofrece combustible privado a precios internacionales como única salida.
El problema, entonces, no es únicamente el precio del litro. Es quién diseñó las condiciones para que ese precio pudiera ser impuesto sin que la sociedad tuviera capacidad de resistir.
Si la política fue “tender la cama” para subir el combustible y evitar la protesta, Bolivia necesita algo más que explicaciones oficiales: necesita transparencia, investigación y respuestas. Porque cuando el caos termina beneficiando a quienes llegan con la solución, la pregunta deja de ser solamente qué pasó y pasa a ser quién ganó con lo ocurrido.
