ENTRE EL GARROTE Y EL GAS

La convivencia democrática en Bolivia atraviesa una encrucijada preocupante en la que dos patologías sociales parecen retroalimentarse sin tregua: la radicalización violenta de ciertos sectores movilizados y la respuesta desproporcionada de los aparatos de seguridad del Estado.

Lo ocurrido recientemente en Potosí y La Paz constituye un espejo incómodo de esta doble deriva, recordándonos que cuando se pierde el límite del respeto al otro y de la legalidad institucional, toda la sociedad queda atrapada en un fuego cruzado donde los derechos fundamentales se convierten en daño colateral.

En la Villa Imperial, en una jornada que debía estar consagrada a la conmemoración de los 216 años de su gesta libertaria, grupos de cooperativistas mineros protagonizaron episodios que desbordan cualquier definición aceptable de protesta social.

Las agresiones perpetradas contra transeúntes, motociclistas y, de manera particularmente alarmante, el ataque a un vehículo particular en el que se desplazaba una familia completa —incluidos niños y adultos mayores— marcan un punto de inflexión ético y ciudadano.

No se trata ya de la legítima expresión de un pliego petitorio ni del ejercicio constitucional de la manifestación pública, sino de la imposición por la fuerza de una agenda sectorial sobre una población civil indefensa.

Resulta imperativo cuestionar esta naturalización de la violencia como herramienta de negociación política. En nuestra cultura sindical y corporativa parece instalarse la peligrosa premisa de que mientras mayor sea el daño causado a terceros, más rápida será la atención de las autoridades gubernamentales.

Ocurre exactamente lo contrario en el plano de la legitimidad: ninguna reivindicación, por atendible o histórica que pudiera considerarse, otorga patente de libre albedrío para destruir bienes privados, sembrar el pánico en las calles o atentar contra la integridad física de ciudadanos que nada tienen que ver con el conflicto. Cuando la protesta muta en intimidación, pierde su fuerza moral y se reduce a un acto de fuerza bruta.

No obstante, el análisis quedaría peligrosamente incompleto si no se observara con la misma severidad la otra cara de la moneda: el accionar de las fuerzas del orden en la sede de gobierno.

Durante los conflictos suscitados en la autopista que une La Paz con El Alto, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) protagonizaron un operativo que cruzó una frontera simbólica y legal sumamente delicada al irrumpir en las instalaciones del Instituto Tecnológico Pedro Domingo Murillo.

El empleo de agentes químicos en un entorno académico y el arresto de aproximadamente treinta y cinco personas, entre estudiantes y docentes, dejó una estela de denuncias que contradicen abiertamente las versiones preliminares de la institución verde olivo y exigen una investigación transparente e inmediata.

La escena de uniformados ingresando a la fuerza a un centro de estudios y extrayendo de sus aulas a jóvenes y maestros despierta inevitables resonancias históricas en la memoria colectiva boliviana. Es imposible no evocar aquellos días aciagos de agosto de 1971, cuando durante el golpe de Estado encabezado por el entonces coronel Hugo Banzer Suárez, las fuerzas militares irrumpieron violentamente en los predios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), vulnerando su recinto y sometiendo a la comunidad académica.

Evocar aquel episodio no implica equiparar mecánicamente dos épocas ni desconocer las diferencias sustanciales entre una dictadura militar y un gobierno constitucional, pero sí constituye una advertencia necesaria sobre la fragilidad de las garantías democráticas cuando la fuerza pública actúa sin protocolos ni contención.

Los recintos educativos —sean universidades, normales o institutos tecnológicos— poseen una naturaleza inviolable en términos cívicos y culturales. Son espacios consagrados al conocimiento, al debate de ideas y a la formación técnica y profesional de la juventud; jamás pueden ser tratados como teatros de operaciones tácticas ni como zonas liberadas para la represión indiscriminada.

Cuando el Estado, llamado por mandato constitucional a resguardar el orden público y proteger a la población, recurre al exceso y vulnera espacios sagrados de la civilidad, termina erosionando su propia autoridad moral y replicando las prácticas autoritarias que la democracia juró desterrar.

Nos encontramos, en definitiva, frente a un problema que exhibe dos rostros igualmente nocivos para la salud del Estado. Por un lado, sectores corporativos que confunden el derecho a reclamar con la impunidad para agredir; por otro, operadores estatales que confunden el ejercicio de la autoridad con el abuso de la fuerza y el atropello a las garantías individuales.

Ambos extremos comparten un mismo desprecio por la ley y por la dignidad del ciudadano de a pie, ese boliviano común que solo aspira a trabajar, estudiar y transitar en paz sin ser rehén ni de bloqueos agresivos ni de gases lacrimógenos.

La democracia no puede sobrevivir comprimida entre el garrote de los intransigentes y el gas de los represores. Superar esta espiral exige responsabilidades claras y sanciones ejemplares en ambos frentes: la justicia debe actuar con celeridad frente a quienes agredieron a familias inocentes en Potosí, pero con idéntico rigor debe establecer responsabilidades por el allanamiento y los excesos cometidos en el instituto tecnológico paceño.

Solo recuperando el imperio de la ley, la proporcionalidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos podremos evitar que la violencia siga dictando el pulso de nuestra convivencia.