EL CAPITALISMO PARA TODOS, ES ¿PARA TODOS?

Al cumplirse el primer año de gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira, el prometido giro hacia un “capitalismo para todos” exhibe un saldo preocupante: una economía que navega sin rumbo claro mientras el discurso oficial insiste en culpar exclusivamente a la herencia recibida.

Lejos de consolidar una reactivación inclusiva, los análisis de los economistas Omar Velasco y Gonzalo Colque desvelan que el ajuste fiscal recayó sobre el bolsillo de las mayorías, paralizó el desarrollo regional y terminó favoreciendo únicamente a una élite financiera y exportadora.

El diagnóstico de Omar Velasco sobre el nuevo modelo económico es contundente al señalar que el Gobierno nunca contó con un plan integral para sacar a Bolivia de la crisis. Tras una etapa inicial marcada por el reparto de áreas estratégicas con su exsocio Samuel Doria Medina y una acelerada pérdida de capital político, el Ejecutivo acudió al Fondo Monetario Internacional (FMI) —pese a haber prometido lo contrario— para obtener respaldo institucional y sostener una agenda de ajustes ortodoxos.

El costo de este programa se concentró en el desmantelamiento de las subvenciones a los combustibles y a los alimentos básicos. Tres nivelaciones consecutivas en el precio de la gasolina y el diésel —con el horizonte de eliminar totalmente el subsidio a la gasolina en enero de 2027—, sumadas al retiro del apoyo a la harina de trigo que duplicó el precio del pan de batalla de Bs 0,50 a Bs 1, transformaron los desbalances macroeconómicos en una aguda crisis de subsistencia donde casi la mitad de la población cae en la pobreza.

Mientras las familias bolivianas absorben el rigor del ajuste, el diseño tributario y financiero operó en dirección inversa. Una ley de alivios impositivos y reducciones arancelarias provocó una significativa merma en los ingresos fiscales, dejando en evidencia quiénes asumen el sacrificio y quiénes capitalizan las reformas.

El sistema financiero restringió los créditos productivos y de vivienda al tiempo que elevó las tasas de interés, logrando utilidades históricas. Paralelamente, aunque el sector exportador registra ingresos récord, la escasez de divisas persiste en las calles, obligando al Estado a sostenerse mediante más de USD 5000 millones en créditos externos y a nacionalizar las divisas del oro.

Todo este cuadro se vio agravado por escándalos de corrupción, como la aprehensión del asesor principal Fernando Cerimedo, y por el naufragio de la promesa autonómica del “50/50”, reemplazada por una oferta del 1 % de coparticipación tributaria que las gobernaciones rechazaron.

A este deterioro del ingreso ciudadano se suma el estancamiento de la inversión pública, eje analizado por el economista Gonzalo Colque.

De los Bs 22.090 millones presupuestados para 2026, hasta agosto apenas se ejecutaron Bs 6230 millones, proyectando una caída a menos de la mitad del promedio de años anteriores.

Aunque el Ministerio de Economía vuelve a inscribir Bs 22.000 millones para 2027, la realidad demuestra que existen más de quince proyectos con financiamiento externo ya aprobado que permanecen paralizados por falta de gestión técnica y trabajo sostenido, privilegiando en cambio créditos de libre disponibilidad y desembolso rápido. Sin una cartera de proyectos productivos que sustituya los denominados y no comprobados “elefantes blancos”, las regiones quedan condenadas al abandono.

A un año de mandato, la evidencia económica desmiente el eslogan oficial: bajo el actual esquema, las pérdidas y los sacrificios se socializan entre los ciudadanos más vulnerables, mientras las ganancias se concentran en unos pocos sectores privilegiados.

Seguir responsabilizando al pasado no ocultará por mucho más tiempo una verdad elemental: ningún modelo económico es sostenible cuando exige paciencia y hambre a las mayorías sin ofrecerles un horizonte tangible de bienestar.