¿CUÁNTO GAS TIENE BOLIVIA?

Las cifras oficiales sobre el patrimonio hidrocarburífero de Bolivia vuelven a encender el debate económico y político, no solo por la magnitud de la caída reportada, sino por las evidentes contradicciones dentro del propio discurso estatal.

El reciente informe del Ministerio de Hidrocarburos, que sitúa las reservas totales de gas natural en apenas 3,24 trillones de pies cúbicos (TCF), abre una interrogante de fondo planteada por el economista Omar Velasco: ¿estamos ante un diagnóstico técnico definitivo o frente a una subestimación deliberada con fines regulatorios y contractuales?

El desglose presentado por las autoridades dibuja un escenario de estrechez severa. Según el reporte oficial, las reservas probadas (1P) alcanzan solo 2,3 TCF; al sumar las reservas probables (2P) se llega a 2,76 TCF, y únicamente incorporando las reservas posibles (3P), estimadas en 0,48 TCF, se logra redondear los 3,24 TCF anunciados al país.

Al contrastar estos números con las propias comunicaciones gubernamentales de meses anteriores, las piezas del rompecabezas no terminan de encajar.

El pasado 23 de marzo, el entonces presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akli Flores, aseguró públicamente que el Proyecto Domo Oso X3, ubicado en Tarija, contaba por sí solo con un potencial de aproximadamente 2,8 TCF, destacando además que su desarrollo no afectaría a la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.

Si un único proyecto en el sur del país posee un potencial casi equivalente al total nacional reportado hoy, la pregunta es inevitable: ¿qué ocurrió con esos volúmenes en la contabilidad oficial? ¿Fueron excluidos por inviabilidad ambiental o simplemente omitidos de la cuantificación actual?

A esta duda se suma el silencio sobre otras áreas de exploración en curso, como Liquimuni, donde en gestiones pasadas se llegó a anunciar un potencial de 1,7 TCF.

Para descifrar la lógica detrás de estas cifras dispares, conviene prestar atención al mensaje político que acompañó la presentación del informe.

El vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización de YPFB, Jorge Ríos, afirmó que la estatal petrolera cuenta con un plan para reactivar el sector, pero subrayó una condición indispensable: la aprobación de un nuevo marco regulatorio que permita promover la inversión y revertir la curva declinante de producción, apelando tanto al potencial geológico como a la ubicación estratégica de Bolivia.

La historia económica del país ofrece un espejo revelador para interpretar este momento.

Durante el proceso de capitalización impulsado en la década de los ´90 por Gonzalo Sánchez de Lozada, la estrategia consistió en sobreestimar las reservas de gas para convencer a la ciudadanía de que existían excedentes suficientes que justificaban la exportación hacia Estados Unidos y México bajo condiciones favorables para las transnacionales.

Hoy parece operar exactamente el mecanismo inverso.

Al presentar un panorama de virtual agotamiento y minimizar las reservas existentes, el Gobierno genera la sensación de urgencia necesaria para legitimar reformas legales, incentivos tributarios y nuevas condiciones contractuales en favor de las operadoras privadas.

Bajo este esquema, volúmenes hidrocarburíferos que ya fueron identificados o estimados previamente por el Estado podrían ser presentados más adelante como «nuevos hallazgos» fruto de la inversión privada, justificando así mayores márgenes de rentabilidad para las empresas petroleras.

Más allá de las necesidades de atraer capitales frescos para reactivar una industria estratégica en declive, la transparencia estadística sigue siendo un pilar insustituible de la soberanía económica.

Para tomar decisiones responsables sobre el futuro energético del país, Bolivia necesita conocer en base a una evaluación técnica y creíble cuánto gas tiene realmente bajo su subsuelo, sin inflar cifras por euforia exportadora ni recortarlas por conveniencia regulatoria.