NULO DE PLENO DERECHO

En el debate público sobre la independencia del Órgano Judicial en Bolivia, la figura del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, ocupa actualmente el centro de los cuestionamientos institucionales y mediáticos.

Tras su salida del país, las críticas sobre su gestión se intensificaron; basta un repaso por los antecedentes recientes demuestra que los señalamientos sobre el manejo de decisiones judiciales de alto impacto ya estaban presentes durante el ejercicio de su cargo, generando posturas encontradas entre quienes denuncian injerencia interna y quienes defienden el apego a las normas procesales.

El primer eje de la controversia surge de las declaraciones públicas del expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada Cerruti, recogidas en los reportes sobre el denominado caso «Techo de Paja».

Según el testimonio de Quezada, cuando Saucedo presidía el máximo tribunal ordinario, habría instruido a los vocales Emerson Figueroa y Victoria Vargas declarar la extinción por duración máxima del proceso en la causa vinculada a Jorge Roca Suárez (Techo de Paja), figura históricamente relacionada con el narcotráfico en el país.

De acuerdo con esta versión, ante la negativa de ambos vocales a acatar dicha supuesta directriz, la Sala Plena dispuso una reconformación de salas que derivó en el traslado de Figueroa y Vargas a la Sala Social. Quezada interpretó esta medida administrativa como una represalia directa y afirmó haber permanecido junto a los vocales en su despacho para evitar que escucharan reclamos e improperios de la entonces máxima autoridad del TSJ.

Este episodio plantea serias interrogantes sobre los límites de las facultades administrativas dentro de la judicatura y la garantía de independencia interna de los jueces. La denuncia de Quezada apunta a una presunta intromisión en un proceso penal de alta sensibilidad.

El segundo foco de análisis se remonta al 5 de noviembre de 2025, fecha en la que el Tribunal Supremo de Justicia anuló la sentencia de diez años de prisión dictada contra la expresidenta Jeanine Áñez en el proceso denominado «Golpe de Estado II», disponiendo su libertad inmediata.

Saucedo afirmó que la resolución se fundamentó en criterios estrictamente jurisdiccionales: el tribunal determinó que, por su investidura, Áñez debió ser sometida a un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y no a la vía ordinaria, pese a que Áñez no llegó a la presidencia por la vía constitucional.

La anulación desconoció la gravedad de los hechos ocurridos durante la crisis de 2019 y desoyó las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) respecto a la investigación y sanción de las vulneraciones a los derechos humanos en Sacaba y Senkata.

Cuando las actuaciones de la cúpula judicial quedan bajo sospecha, ya sea por denuncias internas de presuntas presiones o por fallos de enorme repercusión política, el concepto jurídico de lo «nulo de pleno derecho» trasciende los expedientes para instalarse en la percepción ciudadana sobre la legitimidad de la justicia.

La situación actual del expresidente del TSJ y el escrutinio sobre su gestión evidencian que la solidez de las instituciones judiciales no solo depende de la legalidad formal de sus resoluciones, sino también de la integridad ética y la absoluta independencia con la que sus autoridades administran el poder que les fue confiado.