LOS LÍPEZ VAN POR EL 50/50 REGALITARIO
Desde el sudoeste potosino, una demanda postergada durante más de una década acaba de transformarse en bandera de lucha política y legislativa. En su más reciente ampliado ordinario llevado a cabo en la localidad de Río Grande, la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (CUPCONL) aprobó la Resolución N° 04/2026, exigiendo la modificación del régimen de distribución de las regalías mineras en Bolivia.
El blanco de la interpelación es el artículo 229 de la Ley 535 de Minería y Metalurgia, promulgada en 2014. Aquella norma consolidó una asimetría que los pueblos del sudoeste consideran hoy insostenible: asigna el 85% de la regalía minera al Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y deja apenas un 15% para los gobiernos autónomos municipales productores.
La postura de las comunidades originarias de Nor Lípez es frontal: los municipios fronterizos soportan los pasivos ambientales, el desgaste de sus caminos y la explotación intensiva de yacimientos colosales de plata, plomo, zinc, boro y litio, recibiendo a cambio apenas migajas presupuestarias mientras el abandono estatal persiste en sus comunidades.
Frente a este escenario de postergación histórica, Nor Lípez plantea una ruptura definitiva con el centralismo departamental: impulsar un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para instaurar una fórmula paritaria de 50% para la Gobernación y 50% para el municipio productor.
El planteamiento trasciende el reclamo testimonial. La resolución establece una hoja de ruta institucional estructurada:
- La redacción de un proyecto de ley consensuado entre el Comité Ejecutivo de la CUPCONL y los alcaldes de la provincia.
- La conformación de un equipo técnico multidisciplinario encargado de sustentar las cifras y monitorear el trámite prelegislativo.
- El respaldo unánime a las gestiones que ya encaminan concejales, burgomaestres y asambleístas departamentales del sudoeste.
- Un emplazamiento directo a la bancada de senadores y diputados de Potosí para que asuman la defensa orgánica de esta iniciativa en la sede de gobierno.
La propuesta del “50/50” abre un debate económico. Por un lado, atiende una demanda legítima de descentralización y justicia distributiva en municipios que generan miles de millones de bolivianos en exportaciones, pero carecen de redes de agua potable, centros de salud de segundo nivel e infraestructura básica.
Por el otro, enciende las alarmas en el edificio de la Gobernación potosina, cuya dependencia de los recursos mineros es casi total para sostener la inversión pública de las 16 provincias del departamento.
Redistribuir las regalías no será una pulseada sencilla en los pasillos parlamentarios. Implica reconfigurar el pacto fiscal interno de Potosí y enfrentar resistencias de regiones no productoras que dependen de la caja central de la Gobernación.
El mensaje emanado desde Río Grande es claro: Nor Lípez no está dispuesta a continuar siendo el patio trasero extractivo del país. La batalla por el 50/50 regalitario comenzó y su desenlace definirá el equilibrio de poder y desarrollo en el departamento minero por excelencia.
