LA MINA SE DEVORÓ 115 VIDAS EN NUEVE MESES

La frialdad de las estadísticas criminales y forenses en Potosí dejó de ser una señal de alarma para convertirse en el acta de defunción de toda lógica de prevención laboral.

Si el pasado julio, la realidad minera de la Villa Imperial se teñía de luto porque en menos de diez horas, cuatro trabajadores perdieron la vida de forma trágica en el socavón, elevando la cifra fatal a 83 muertes –73 varones, 10 mujeres–; a un día de cerrarse septiembre, el número de fallecidos no solo son 115 –103 hombres, 12 mujeres–, sino está a solo 8 de igualar los decesos de la gestión pasada que fueron 123.

El año 2024 cerró con 116 fallecidos (un promedio de 9,6 decesos mensuales) y 2025 superó la marca con 123 decesos (10,25 por mes). En estos nueve meses de 2026, el porcentaje supera a los dos anteriores años: 12.77 muertos por mes.

Los socavones de las cooperativas Tres Amigos, Minera y Calamarca fueron testigos silenciosos de las últimas muertes.

El cooperativismo minero edificó una estructura de explotación donde la seguridad industrial es un lujo impracticable y donde el control estatal se disuelve ante la presión política y económica de un sector que se autogobierna.

Mientras los dirigentes se escudan en que las cooperativas infractoras serán sancionadas o en que los reglamentos de seguridad ya están redactados en el papel, el monóxido de carbono no lee decretos ni mira campañas de televisión. El gas de mina sorprende al trabajador desprotegido porque no existen sistemas de ventilación forzada, detectores de gases obligatorios ni protocolos de rescate reales.

Prevenir la muerte en la mina potosina hoy es solo teoría; un pliego de buenas intenciones coloniales que se quema al primer chispazo del socavón, dejando tras de sí un tendal de huérfanos y viudas en la Villa Imperial.