CRUZAR LA VEREDA DE LA ÉTICA
La política, en su concepción más pragmática, suele exigir transigencias y alianzas que en otros ámbitos resultarían inadmisibles, más aún cuando existen fronteras éticas que ningún servidor público, por más presionado que se encuentre por las dinámicas del poder, debería atreverse a cruzar.
La reciente denuncia que rodea al presidente del Concejo Municipal de Potosí, Germán Vidaurre, respecto a la presunta contratación de personal con antecedentes judiciales y cuestionada idoneidad, abre un debate profundo sobre la coherencia, la responsabilidad política y, fundamentalmente, sobre el peso de la memoria.
La gravedad del asunto adquiere un tinte dramático cuando los nombres propios salen a la luz. Se señala que entre el personal incorporado al ente legislativo potosino se encuentra Milton Fuentes Apaza, identificado por la opinión pública como uno de los principales responsables de la fatídica avalancha humana ocurrida en el Coliseo de la Universidad Autónoma Tomás Frías en mayo de 2022.
Aquel trágico suceso, que costó la vida de cinco jóvenes universitarias y dejó cicatrices imborrables en la sociedad potosina, no puede ser tratado como un simple dato administrativo o un olvido burocrático.
El cuestionamiento a Vidaurre no nace únicamente de su actual alta investidura, sino de su propio pasado inmediato. Cuando la Villa Imperial lloraba a sus estudiantes y exigía justicia en 2022, él ejercía el periodismo en las frecuencias de Radio Fides. Desde los micrófonos, como testigo y relator de la realidad cotidiana, conoció a detalle absoluto la cobertura, el dolor de las familias y la indignación popular ante la negligencia y la impunidad.
Haber estado en esa vereda —la de la fiscalización, el rigor informativo y la empatía ciudadana— hace que resulte incomprensible, y éticamente alarmante, que hoy, desde la silla presidencial del Concejo, se viabilice el retorno al escenario público de actores vinculados a semejante tragedia.
Las repercusiones políticas dentro de su propia tienda no se hicieron esperar. El representante legal de la agrupación ciudadana «Somos Potosí» —sigla que postuló y llevó a Vidaurre al concejo en los recientes comicios subnacionales—, Jaime Flores, salió públicamente a desmarcarse de estas acciones.
Flores fue categórico al calificar estas designaciones como «decisiones personalísimas» del presidente del Concejo, aclarando que no obedecen a una postura orgánica ni al espíritu de la agrupación. Al advertir que estas «equivocaciones» inevitablemente tendrán un alto costo político , la propia bancada que lo cobijó expone la profunda soledad en la que queda la autoridad cuando prioriza el cálculo individual sobre la solvencia moral y la idoneidad fiscal.
Ante la confirmación de este extremo, la interrogante surge de forma inevitable y dolorosa: ¿La política borra de un plumazo la ética periodística? El tránsito de las salas de redacción a las oficinas estatales no tendría por qué implicar una lobotomía moral.
El buen periodismo se cimienta sobre la búsqueda de la verdad y la defensa de la justicia; valores que deberían ser el combustible principal de cualquier autoridad electa. Cruzar la vereda hacia la función pública para terminar adoptando las viejas y cuestionables prácticas de la política tradicional —el favor, el olvido selectivo y el pragmatismo cínico— representa una profunda decepción para los electores.
El presidente del Concejo Municipal le debe una explicación clara, transparente y respetuosa a Potosí. Las instituciones del Estado no pueden convertirse en agencias de empleo para quienes tienen cuentas pendientes con la justicia ordinaria, menos aun cuando las heridas de la tragedia colectiva siguen abiertas.
