UNA RAYA MÁS AL TIGRE
La promesa de un cambio de rumbo institucional suele estrellarse, con desalentadora frecuencia, contra las inercias del poder. A poco más de nueve meses de iniciada la gestión del presidente Rodrigo Paz Pereira, la acumulación de sombras de duda sobre el ejercicio de la función pública empieza a configurar un patrón inquietante.
No se trata únicamente de la gravedad intrínseca de los presuntos actos de corrupción denunciados, sino del alarmante estado de pasmosidad e indulgencia con el que el Órgano Ejecutivo reacciona ante cada fisura ética que se expone a la luz pública.
El episodio más reciente involucra al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Gabriel Espinoza, en torno a la adquisición de un vehículo de alta gama. Un automóvil cuyo valor estimado asciende a Bs 350.000 figuraba en la minuta notariada con el irrisorio registro de Bs 50.000. Resulta difícil asimilar que el hombre que custodia los balances macroeconómicos de la nación y fiscaliza las finanzas públicas no hubiera advertido a tiempo semejante incongruencia documental al momento de firmar el acto de compraventa en abril.
Más incisivas aún son las interrogantes que emergen sobre los plazos y la transparencia patrimonial. ¿Por qué la vagoneta no fue consignada en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas presentada en junio? Solo en agosto, tras la ineludible presión mediática, la autoridad procedió a rectificar el documento para argumentar un «error de minuta» y admitir una deuda pendiente de Bs 75.000 con el vendedor.
No obstante, el saldo sigue arrojando dudas: el valor real de los Bs 350.000 reconocidos por el propio ministro continúa sin reflejarse con claridad como un activo de su patrimonio. La pregunta inevitable, que la ciudadanía se formula con justa sospecha, es si la enmienda se habría producido de no ser por el ojo escrutador del periodismo.
La respuesta de las autoridades ante este hecho se enmarca dentro de un preocupante patrón de justificaciones extemporáneas. Bajo la promesa formal de mantener como prioridad «la estabilidad y la reconstrucción económica», se pretende zanjar un tema de estricta responsabilidad ética y legal.
La idoneidad de un servidor público no se mide únicamente por sus competencias técnicas, sino por la coherencia irreprochable entre su discurso y sus actos privados de connotación pública.
Lamentablemente, el ‘caso Espinoza’ no es un hecho aislado; representa, más bien, una raya más a un tigre cuyo pelaje dista mucho de la pulcritud prometida. En menos de un año de mandato, la memoria colectiva ya registra el escándalo de las maletas de noviembre pasado, las denuncias por la calidad del combustible importado —rebautizado como «gasolina basura»—, las controversias en la Aduana Nacional, la adquisición de pasajes a costos preferenciales por parte de altos ejecutivos de BoA, e hitos de extrema gravedad en la lucha contra el narcotráfico como la incautación de cocaína líquida en el aeropuerto de Viru Viru o el tráfico de «narcomaderas».
Quienes asumieron el gobierno cuestionando con vehemencia la degradación ética y los abusos de la administración de Luis Arce Catacora, parecen haber olvidado muy pronto las demandas de rectitud que el país exigía.
Si al anterior régimen le tomó cinco años desgastarse en la ciénaga de los cuestionamientos, la actual administración está logrando en menos de diez meses un récord difícil de justificar.
