“A LAS BUENAS O LAS MALAS, MEJOR A LAS MALAS”, EL NUEVO CAPÍTULO DE LA TELENOVELA: “CERIMEDO, EL FANSTASMA DE LA ÓPERA”
«O nos caemos por inútiles o nos caemos porque hay muertos». La frase atribuida a Fernando Cerimedo en un presunto audio de su conversación con el diputado Alejandro Reyes no es una expresión cualquiera. Si la grabación es auténtica y el contexto corresponde a lo difundido, estas palabras obligan a examinar la concepción del poder que habría detrás de ellas.
El audio, que circula en redes sociales y habría sido grabado durante los bloqueos que sacudieron al país entre mayo y junio, contiene otra expresión todavía más reveladora: “Este país se gobierna a las malas”. No se trata simplemente de una discusión sobre cómo enfrentar una crisis. El problema es la aparente naturalización de la fuerza como instrumento para conservar el poder y resolver los conflictos sociales.
La pregunta es inevitable: ¿desde cuándo la posibilidad de que haya muertos puede presentarse como un riesgo aceptable para evitar la caída de un Gobierno? La obligación de cualquier administración democrática es proteger la vida, garantizar los derechos ciudadanos y buscar salidas institucionales, incluso cuando las circunstancias son adversas. La fuerza pública no puede convertirse en un recurso político para demostrar autoridad ni en una herramienta para silenciar demandas.
Pero hay otro elemento que merece atención. En la conversación atribuida a Cerimedo y Reyes aparecen referencias a la influencia que el consultor habría ejercido en el entorno presidencial, a las diferencias con integrantes del gabinete y a una eventual operación contra Evo Morales. Son afirmaciones que, de confirmarse, plantearían interrogantes sobre los límites de la influencia de un asesor y la responsabilidad de quienes toman las decisiones de Estado.
¿Quién decide realmente cuando un Gobierno enfrenta una crisis? ¿Las autoridades elegidas y los funcionarios legalmente responsables o quienes, desde espacios informales, aseguran tener capacidad para influir en ellas? La democracia exige respuestas claras, no versiones contradictorias ni silencios convenientes.
Por supuesto, un audio difundido en redes no constituye por sí solo una prueba concluyente. Su autenticidad, integridad y contexto deben establecerse mediante una investigación técnica. Reyes debe tener la oportunidad de aclarar públicamente el contenido que se le atribuye. Legisladores y autoridades ya reclamaron explicaciones sobre la grabación.
Sin embargo, verificar el audio no significa restarle importancia a las preguntas que plantea. Si se confirma su contenido, corresponde determinar responsabilidades y establecer si las decisiones anunciadas o descritas se ajustaron a la Constitución y las leyes.
Porque gobernar no significa someter. La autoridad democrática se demuestra resolviendo los problemas sin convertir la vida humana en una variable de cálculo político.
A las buenas o las malas, mejor a las malas. Si esa es realmente la lógica que se desprende de la conversación, el país necesita algo más que explicaciones: necesita garantías de que el poder se ejercerá dentro de la ley. Bolivia no puede aceptar que la fuerza sustituya a la razón ni que la posibilidad de muertos se convierta en el precio de conservar el Gobierno.
