EL “MAZAZO” DISFRAZADO DE URGENTE NECESIDAD
En el léxico tecnocrático del poder, las medidas de ajuste rara vez se anuncian por su verdadero nombre. Suelen llegar arropadas bajo eufemismos tranquilizadores: “sinceramiento de precios”, “reordenamiento fiscal”, “ampliaciones de vigencia” o decretos promulgados bajo el argumento de “urgente necesidad”.
Detrás de la prosa mediática de las gacetas oficiales y las conferencias de prensa, la realidad despojada de adornos adquiere una realidad incontrastable: la contundencia de un mazazo sobre una población ya golpeada por las medidas gubernamentales.
La economía real no se juega en las fórmulas abstractas de equilibrio macroeconómico, sino en las cocinas populares, en los mercados barriales y en la silenciosa angustia cotidiana de millones de familias bolivianas que ven pulverizado su poder adquisitivo frente a decisiones tomadas sin amortiguación ni consideración social.
El gobierno de Rodrigo Paz apeló insistentemente a la urgencia para justificar decisiones traumáticas. Una de las más contundentes fue la emisión del Decreto Supremo 5667, aprobado en gabinete, que fijó el 31 de diciembre de 2026 como fecha de defunción para la subvención al Gas Licuado de Petróleo (GLP) producido en plantas y refinerías.
Presentada oficialmente ante los medios como una extensión o “ampliación temporal” del beneficio para garantizar la estabilidad, la norma en la práctica opera como un ultimátum inapelable: a partir del 1 de enero de 2027, el Estado suspenderá la cobertura del costo real del combustible doméstico.
La histórica garrafa familiar de 10 kilogramos, anclada durante años en los Bs 22,50, quedará liberada a los vaivenes del mercado internacional, escalando hacia estimaciones técnicas que sitúan su precio entre los Bs 130 y Bs 150. Un incremento de casi el 600% que amenaza con desarticular por completo la estructura de costos de los hogares y del aparato productivo de base.
A este horizonte sombrío se suma la conmoción que ya vive el país tras la eliminación de la subvención del diésel el pasado 18 de septiembre de 2026. De la noche a la mañana, el litro del combustible saltó de Bs 9,80 a Bs 17,95, registrando un violento incremento superior al 80%.
Al tratarse del insumo neurálgico del transporte pesado y la maquinaria agrícola, el efecto de propagación fue demoledor. Lejos de quedar contenido en los balances de las petroleras o en las arcas del Tesoro General, el impacto se descargó de manera directa en los centros de abasto y las mesas familiares.
El reciente informe de la Defensoría del Pueblo, titulado “Monitoreo del acceso a alimentos y su impacto en el ejercicio del derecho a la alimentación en Bolivia – Pos eliminación de la subvención del diésel”, publicado recientemente, pone al descubierto las consecuencias humanas inmediatas de este choque tarifario.
El diagnóstico defensorial en las nueve capitales departamentales y la ciudad de El Alto desmiente cualquier pretensión de inocuidad económica. En promedio, 18 de los 21 productos elementales de la canasta básica monitoreados registraron alzas sustanciales.
El traslado de mercancías agrícolas desde regiones productoras como Santa Cruz hacia los centros de consumo de La Paz, El Alto, Oruro y Potosí encareció severamente la subsistencia cotidiana.
Los porcentajes documentados en los mercados ilustran la magnitud del descalabro: a nivel nacional, productos de primera necesidad registraron promedios de incremento insostenibles, encabezados por el tomate con un 87,7%, la cebolla con un 72,6% y la zanahoria con un 71,3%.
En plazas locales de las tierras altas, las cifras superaron con holgura cualquier umbral tolerable: en El Alto, la zanahoria se disparó un 201,2%, el tomate un 197,3% y la cebolla un 126,8%; en Oruro, la cebolla subió un 148,2% y la harina de trigo un 128,6%; en Cochabamba, el azúcar escaló un 155,6%; en Tarija, el tomate trepó un 109,6%; y en Potosí, la cebolla sufrió un encarecimiento del 125%.
El impacto de este fenómeno trasciende la fría aritmética estadística y se encarna en historias de resistencia al límite.
En la Villa Imperial, una mujer emprendedora relató el verdadero viacrucis que significa intentar mantener a flote el pequeño negocio. Su testimonio refleja la cotidianidad del colapso: peregrinar desde las cinco o siete de la mañana entre gasolineras, puntos de distribución en Delicias o la exterminal de buses, compitiendo contra más de 250 personas para alcanzar apenas uno o dos cilindros de GLP, mientras el cupo se raciona y dos garrafas quedan retenidas para los funcionarios fiscalizadores.
En el mercado informal y redes sociales, el precio de reventa ya se cotiza entre los Bs 50 y Bs 70.
Para este modesto negocio, una garrafa dura apenas tres días. Frente a la inminente suspensión total del subsidio que elevaría el cilindro por encima de los Bs 130, la advertencia de esta emprendedora es tajante: significa contemplar el cierre definitivo del local.
Y cerrar no representa una estadística empresarial abstracta; implica despedir a tres empleadas a su cargo, cancelar los ingresos que sostienen a sus hijos y transferir una mayor carga de desocupación al tejido social.
Es el quiebre de una cadena que abarca panaderías, pensiones, pequeños comedores y quioscos, cuyos costos de producción dependen del precio de la garrafa de gas en Potosí.
Este drama microeconómico coincide plenamente con los hallazgos cualitativos del informe de la Defensoría del Pueblo. El sondeo reveló que un abrumador 71% de los encuestados considera que su presupuesto resulta abiertamente insuficiente para cubrir la alimentación mínima del hogar, mientras que un 18% apenas lo cubre de manera parcial.
Más alarmante aún: el 76% de las familias bolivianas vive bajo un estrés alimentario asfixiante, destinando más del 50% de sus ingresos exclusivamente a la compra de comida, con un 11% de hogares en situación extrema donde los víveres absorben más del 90% del presupuesto.
La consecuencia directa es una alteración forzada y precaria de la subsistencia. El 94% de los hogares redujo drásticamente el volumen de alimentos comprados, suprimiendo de su mesa el consumo de carnes rojas, pollo, leche, queso, verduras y frutas.
El 86% de las familias tuvo que modificar negativamente sus hábitos nutricionales: se achicaron las porciones, se eliminaron las meriendas de los niños y se suprimieron cenas completas.
En sectores vulnerables, como personas adultas mayores y personas con discapacidad, la privación escala al punto de sostener el día con una sola o dos raciones, sustituyendo platos balanceados por mates o caldos vacíos.
Para garantizar el sustento elemental, miles de familias se ven obligadas a postergar la atención médica, la compra de medicamentos recetados y los gastos esenciales en educación y vestimenta.
Bajo el argumento técnico de sanear las finanzas del Estado y honrar compromisos macroeconómicos, las autoridades desplegaron una política de choque que traslada mecánicamente los costos del desbalance fiscal hacia los estratos más desprotegidos.
Desmontar subvenciones de combustibles y energéticos sin contar con esquemas integrales, sólidos y focalizados de amortiguación no constituye un simple acto de disciplina económica; es una violación de facto a la progresividad del derecho humano a la alimentación adecuada consagrado en la Constitución.
Cuando el gas se raciona, el diésel encarece el transporte y los alimentos duplican su valor, la denominada “urgente necesidad” gubernamental se despoja de su retórica salvadora y revela su verdadero rostro: el de un “mazazo” que castiga sin tregua a quienes menos tienen para defenderse.
