PRIMERO, EL GOBIERNO MILITARIZÓ YPFB, HOY, LA ESTATAL FUE INTERVENIDA

El lunes 2 de marzo de 2026, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ordenó el despliegue militar en las plantas de YPFB tras denunciar un acto deliberado de sabotaje a la calidad del combustible.

Paz Pereira afirmó que los problemas con la «gasolina basura» no fueron errores técnicos sino un plan para desestabilizar su gestión y que era necesario proteger la cadena de producción, garantizar la distribución correcta del diésel y la gasolina, y cuidar a los trabajadores.

La medida no sirvió porque el combustible dañado siguió en el mercado. Rodaron las cabezas del Ministro de Hidrocarburos, del presidente de la estatal y los carburantes no son distribuidos “24/7” como afirmó el propio Paz Pereira.

Al no encontrar la solución, el gobierno apuesta por la intervención promulgando el Decreto Supremo N° 5697 que tiene el mismo objeto de la militarización de marzo pasado: “proteger los intereses del Estado y establecer mecanismos extraordinarios de control, supervisión y transparencia de la cadena logística de importación y distribución de carburantes”.

En ese camino, “se dispone la intervención estatal extraordinaria, transparente y temporal de la gestión de YPFB, con la finalidad de proteger los intereses del Estado y recuperar la eficiencia de la gestión operativa y administrativa de YPFB”.

La medida tiene una “vigencia de hasta ciento ochenta (180) días calendario, computables a partir de la publicación del presente Decreto Supremo” (02 de septiembre).

De no lograr el objetivo, “el Ministro de Hidrocarburos y Energías, a través de una Resolución Ministerial, podrá ampliar el plazo de la intervención una sola vez hasta por noventa (90) días calendario, cuando persistan las causas que motivaron la intervención”.