LEGALIZAR LO ILEGAL PARA GENERAR RECURSOS
En junio de 2011, el entonces presidente Evo Morales promulgó la Ley que autorizaba la legalización de vehículos indocumentados estableciendo que los propietarios de estos motorizados tenían 15 días para registrar los carros en la Aduana Nacional de Bolivia.
La norma 133 establecía “por única vez un programa de saneamiento legal de los vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diesel, así como de mercancías consistentes en tractores, maquinaria agrícola, remolques y semirremolques, indocumentados que al momento de la publicación de la presente Ley se encuentre en el territorio aduanero nacional y de aquellos que estén en depósitos aduaneros y zonas francas nacionales”.
25 años después el tema vuelve al tapete político a pedido –implícito– del presidente Rodrigo Paz Pereira para cumplir la promesa electoral y de la necesidad de los Gobiernos Autónomos Municipales de generar recursos frescos ante la imposibilidad del nivel de central de apoyar la inversión pública de las entidades territoriales autónomas.
Para el alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, la medida beneficia al gobierno, y en el caso del departamento, a los municipios del norte y sudoeste donde proliferan autos indocumentados.
“No es que esté de acuerdo, pero va generar recursos inmediatos que es lo que necesitamos” señala el alcalde Cervantes reflejando la posición de la mayoría de las autoridades municipales que enfrentan la encrucijada de captar recursos sin fijarse de dónde proviene la fuente de financiamiento.
El proyecto que se encuentra en revisión en la Asamblea presentado por Armin Lluta de LIBRE expresa en unos de sus artículos: “los vehículos que sean regularizados no podrán prestar servicio de transporte público durante tres años” que no refleja la realidad porque en el norte potosino, autos sin placas pertenecen al servicio público que hacen el recorrido entre ambos municipios.
Lo de los autos chutos no es noticia fresca ni dolor de cabeza reciente. Su nacionalización vuelve a tocar la puerta y el gobierno de Paz Pereira pretende que los alcaldes la abran sin importar que lo indocumentado, es un ilícito con, o sin Ley promulgada.
