NUEVO CÓDIGO MINERO PROPONE ALIANZAS Y GENERA ALERTAS POR SUS IMPACTOS AMBIENTALES Y TRIBUTARIOS
El anteproyecto de Código de Minería y Metalurgia permitiría que cooperativas establezcan contratos productivos con empresas nacionales y extranjeras, una modalidad actualmente prohibida por la Ley 535. La propuesta también contempla incentivos tributarios para grandes inversiones y cambios en los procedimientos de autorización minera. El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) advierte que estas modificaciones podrían debilitar los controles ambientales y reducir los beneficios económicos para el Estado.
El Gobierno boliviano impulsa un nuevo Código de Minería y Metalurgia que plantea cambios en las relaciones entre cooperativas, empresas privadas y autoridades estatales, además de introducir incentivos para atraer inversiones al sector extractivo. Según información difundida por la Agencia de Noticias Fides (ANF) el 5 de noviembre de 2026, los artículos 140 y 141 del anteproyecto permitirían que cooperativas mineras establezcan contratos de asociación productiva con empresas nacionales y extranjeras, una posibilidad expresamente prohibida por la legislación vigente.
La propuesta también ha generado observaciones sobre sus consecuencias para la recaudación fiscal, los derechos territoriales y la protección del medioambiente. En un análisis publicado el 10 de noviembre de 2026, el CEDLA, a través del investigador Alfredo Zaconeta, identificó ocho aspectos críticos del documento, entre ellos los beneficios tributarios para grandes inversiones, la posible flexibilización socioambiental y las modificaciones relacionadas con la consulta previa a comunidades indígenas.
Cooperativas podrían asociarse con empresas privadas y extranjeras
El artículo 140 del anteproyecto introduce los denominados Contratos de Asociación Productiva Minera, mediante los cuales empresas privadas legalmente establecidas en Bolivia podrían desarrollar proyectos conjuntos con cooperativas en diferentes etapas de la cadena productiva.
Según la propuesta, estas asociaciones buscan facilitar el acceso a capital y tecnología, mejorar los estándares productivos y promover prácticas ambientales y laborales adecuadas.
El documento establece que los contratos no crearían una nueva personalidad jurídica ni implicarían la transferencia, cesión o arrendamiento de los derechos mineros. Las cooperativas mantendrían su naturaleza jurídica y la titularidad correspondiente, mientras las empresas participarían conforme a las condiciones establecidas en cada acuerdo.
El cambio es significativo porque el artículo 151 de la Ley 535, vigente desde 2014, prohíbe expresamente que las cooperativas mineras suscriban contratos de asociación con empresas privadas nacionales o extranjeras. La norma actual contempla, bajo determinadas condiciones, la posibilidad de constituir empresas mixtas con el Estado mediante la Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
CEDLA advierte que las asociaciones podrían favorecer a grandes capitales
Una de las principales observaciones del CEDLA se relaciona con los efectos económicos y regulatorios de permitir estas asociaciones.
Según el análisis de Alfredo Zaconeta, la nueva figura contractual podría facilitar que empresas privadas de gran capacidad financiera desarrollen operaciones vinculadas con cooperativas que poseen un tratamiento jurídico y tributario diferenciado.
El investigador considera que esta modalidad podría favorecer el aprovechamiento de beneficios propios del sector cooperativo por parte de capitales privados, sin introducir necesariamente cambios estructurales en el modelo de explotación minera.
Sin embargo, el artículo 141 del documento propone que cada participante cumpla sus obligaciones tributarias de manera independiente, según su naturaleza jurídica y su participación contractual. Esta disposición deberá analizarse para determinar si los mecanismos previstos son suficientes para evitar posibles ventajas tributarias indebidas.
En ese sentido, la preocupación planteada por el CEDLA constituye una advertencia sobre posibles efectos de la reforma, y no una constatación de que todas las futuras asociaciones tendrán irregularidades.
Grandes inversiones podrían acceder a 30 años de estabilidad tributaria
El anteproyecto también propone beneficios para proyectos mineros con inversiones iguales o superiores a 50 millones de dólares, incluyendo hasta 30 años de estabilidad de las condiciones tributarias, regalitarias y contractuales.
Según información publicada por ANF el 9 de noviembre, los incentivos contemplan arancel cero para determinados equipos y maquinaria importados, depreciación acelerada de activos y la posibilidad de optar por una alícuota del 0 % del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (IUE) durante los primeros tres años, bajo las condiciones establecidas en la propuesta.
Para el CEDLA, estas medidas podrían reducir la recaudación pública al conceder beneficios a grandes empresas mientras se mantienen las alícuotas de regalías de la normativa vigente. El investigador Alfredo Zaconeta cuestionó que la propuesta priorice la atracción de capitales sin establecer una reforma tributaria que garantice una mayor contribución del sector a las finanzas nacionales.
En una entrevista recogida por la periodista Erika Segales, de El Deber, el 4 de noviembre, Zaconeta también cuestionó que los parámetros regalitarios no se actualicen frente a la evolución de los precios internacionales de los minerales.
Alertan sobre riesgos ambientales y operaciones en ecosistemas frágiles
Uno de los puntos más sensibles de la discusión es la protección del medioambiente, especialmente en territorios donde las actividades mineras pueden afectar fuentes de agua, bosques, humedales y comunidades indígenas.
El artículo 142 del anteproyecto establece que los contratos de asociación productiva minera procederían cuando el titular del derecho minero acredite una licencia ambiental o presente documentación que evidencie el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1333 de Medio Ambiente.
Aunque esta disposición incorpora un requisito ambiental, el CEDLA advierte que otras partes del documento podrían flexibilizar las condiciones para desarrollar proyectos extractivos en espacios ecológicamente sensibles.
En su informe, la institución cuestiona la regulación propuesta para operaciones en sitios Ramsar, reconocidos internacionalmente por la importancia de sus humedales, y zonas próximas a fuentes de agua. También expresa preocupación por la denominada Auditoría de Línea Base Ambiental (ALBA), debido a sus posibles efectos sobre la atribución de responsabilidades por daños anteriores a una operación minera.
Estas observaciones plantean interrogantes sobre la capacidad de las instituciones para prevenir afectaciones, controlar la contaminación y garantizar que los costos de restauración ambiental recaigan sobre quienes correspondan.
Sin embargo, la afirmación de que el anteproyecto permitiría automáticamente la minería en todos los sitios Ramsar requiere una revisión jurídica detallada del articulado completo. La observación del CEDLA debe entenderse como una interpretación crítica de la propuesta, no como una autorización ya vigente.
Consulta previa y derechos territoriales generan nuevas preocupaciones
El CEDLA también cuestiona disposiciones que, según su evaluación, podrían limitar la participación de pueblos indígenas y comunidades afectadas por nuevos proyectos mineros.
Entre sus observaciones figura la propuesta de establecer un plazo máximo de tres meses para determinados procedimientos de consulta, así como las condiciones bajo las cuales el Estado podría adoptar decisiones si no se alcanza un acuerdo.
El análisis considera que estas modificaciones podrían debilitar las garantías de participación y aumentar las tensiones territoriales, especialmente en regiones donde la minería compite con la agricultura, la conservación de bosques y el acceso al agua.
Otra preocupación se relaciona con la duración de los derechos mineros. Según el informe, el anteproyecto contempla contratos de hasta 30 años, prorrogables por un periodo similar, lo que permitiría alcanzar 60 años bajo determinadas condiciones.
Es importante diferenciar esta duración contractual de los 30 años de estabilidad tributaria propuestos para ciertas inversiones de gran escala: son beneficios y mecanismos jurídicos distintos.
Gobierno busca agilizar contratos y fortalecer el control minero
Frente a estas observaciones, el Ministerio de Minería y Metalurgia sostiene que el nuevo Código permitirá simplificar procedimientos, modernizar las instituciones y mejorar la fiscalización.
En un comunicado oficial del 27 de octubre, el ministro Marco Antonio Calderón de la Barca explicó que la propuesta busca establecer seis modalidades contractuales diferenciadas y facilitar la inversión mediante reglas más claras y mecanismos de control de la comercialización minera.
El documento también contempla una reorganización institucional que incluiría la creación de una Autoridad Nacional Minera (ANM), con competencias actualmente distribuidas entre diferentes entidades.
Sin embargo, el CEDLA advierte que concentrar atribuciones de otorgamiento de derechos y fiscalización en una sola institución podría debilitar los controles independientes. Asimismo, cuestiona que los nuevos mecanismos contra la minería ilegal, como la trazabilidad documental y las entidades encargadas de coordinar desalojos, resulten insuficientes si no cuentan con capacidad efectiva de intervención en los territorios.
Cooperativistas rechazan el proceso de socialización
La propuesta también enfrenta cuestionamientos desde el propio sector minero.
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) y organizaciones departamentales denunciaron que no fueron suficientemente tomadas en cuenta durante la elaboración del documento y exigieron suspender su socialización.
Según informó El Potosí el 10 de noviembre, cooperativistas bloquearon el ingreso a instalaciones de la Universidad Autónoma Tomás Frías, donde estaba previsto desarrollar una actividad de socialización del nuevo Código.
Por su parte, el Ministerio de Minería mantiene abierto un proceso de recepción de observaciones. El documento está disponible en un micrositio oficial y todavía debe ser revisado antes de su presentación formal a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El futuro de la minería abre un debate sobre ingresos y protección ambiental
La discusión sobre el nuevo Código de Minería y Metalurgia enfrenta distintas prioridades: atraer inversiones, aumentar la producción, fortalecer las recaudaciones públicas y garantizar el cumplimiento de las obligaciones ambientales y sociales.
Mientras el Gobierno plantea un marco normativo más flexible para impulsar la actividad minera, el CEDLA cuestiona que algunos beneficios propuestos puedan favorecer a los operadores económicos sin asegurar una mayor participación del Estado en las ganancias del sector.
La apertura de asociaciones entre cooperativas y empresas privadas constituye uno de los cambios más importantes del anteproyecto, pero sus posibles consecuencias dependerán de las condiciones contractuales, los mecanismos de fiscalización y las garantías que finalmente establezca la legislación.
El debate no se limita a cómo incrementar la producción minera en Bolivia, sino también a quiénes recibirán sus beneficios económicos, qué obligaciones asumirán las empresas y cómo se protegerán los ríos, los ecosistemas y los derechos de las comunidades frente a la expansión extractiva. (Joel Poma Chura – Comunicación Cecasem)
