MINERÍA ILEGAL ENCONTRÓ SU VETA EN POTOSÍ
Durante décadas, la imagen de la minería ilegal en Bolivia estuvo asociada casi con exclusividad a las cuencas amazónicas del norte paceño, las riberas del Madre de Dios en Pando o los ríos serpenteantes del Beni.
En ese lapso, una silenciosa y agresiva mutación geográfica y económica tuvo lugar bajo la sombra de la escasa fiscalización estatal: las redes de explotación aurífera ilícita encontraron una nueva y lucrativa veta en el departamento de Potosí.
Lejos de tratarse de incursiones artesanales o de subsistencia marginal, lo que hoy penetra parte del territorio potosino es una maquinaria extractiva industrial y clandestina de proporciones gigantescas que ya no solo carcome el norte, sino que se atreve a perforar el sudoeste, hasta las entrañas mismas de la Reserva Fiscal del Salar de Uyuni.
La magnitud de este fenómeno quedó al descubierto tras las recientes acciones de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y las revelaciones de su director ejecutivo, Jaime Sanabria.
Los cálculos técnicos expuestos por la autoridad desnudan una realidad por demás preocupante: “Si hacemos un pequeño cálculo para dimensionar el tamaño de esta operación ilícita, es simple: 200 volquetas cargan por día, haciendo un solo viaje, más o menos 20 toneladas de material mineralizado aurífero, lo que significa que mueven al día más o menos 4000 toneladas”.
No solo eso, “si ponemos que de cada tonelada sacan un gramo de oro, que es lo más bajo que se puede obtener, están obteniendo 4.000 gramos por día; es decir, 4 kilos por día, lo que significa que al mes sacan 120 kilos de oro y, en un año, sacan 1400 kilos, o sea, una tonelada y media”.
A los precios internacionales récord del metal precioso, una tonelada y media de oro anual representa decenas de millones de dólares evadidos, riqueza saqueada sin dejar un solo centavo en regalías departamentales ni impuestos nacionales, mientras el territorio absorbe la totalidad del pasivo ambiental y la descomposición social.
Invasión mecanizada en el norte
El epicentro más visible de este asalto territorial se constató en las orillas del río Tagoni, en el municipio de Pocoata (provincia Chayanta). Allí, un operativo conjunto entre la AJAM y técnicos de la Secretaría de Madre Tierra de la Gobernación de Potosí destapó una verdadera base industrial a cielo abierto.
En un perímetro de 25 cuadrículas mineras, los fiscalizadores se toparon con un despliegue impresionante: más de 100 retroexcavadoras operando a destajo, 200 volquetas en tránsito continuo y más de 500 personas involucradas en una cadena ininterrumpida de remoción masiva de tierras, excavaciones profundas, desvío de afluentes, lavado intensivo y concentración de mineral.
Como puntualizó el director departamental de la AJAM Potosí, Óscar Santos Orellana, la intervención confirmó una actividad depredadora de colosales proporciones. Aunque las áreas inspeccionadas figuran vigentes en el Sistema de Información de Catastro y Cuadriculado Minero (SI-CCM), carecen por completo de un contrato administrativo minero o título habilitante vigente que faculte la extracción legal de los recursos.
La legalidad catastral fue utilizada como una simple mampara para encubrir la explotación indiscriminada de los yacimientos aluviales.
El cauce del río Tagoni fue desfigurado por enormes pozas de sedimentación y relaves sin ninguna impermeabilización, una bomba de tiempo química en una región históricamente vulnerable al estrés hídrico.
La profanación de Uyuni
Pero la codicia del oro ilegal no se detuvo en las cabeceras de valle del norte de Potosí. El síntoma más alarmante de esta metástasis extractivista ocurrió el 16 de septiembre de 2026, cuando la AJAM intervino y paralizó una gran operación minera ilegal en el municipio de Colcha “K”.
La gravedad del hecho trasciende lo meramente administrativo: la faena ilícita operaba en pleno corazón de la Reserva Fiscal del Salar de Uyuni, un ecosistema de valor estratégico global y de altísima fragilidad ambiental.
Que la minería aurífera no autorizada penetre en las inmediaciones del mayor desierto continuo de sal del planeta revela que las mafias mineras rompieron todas las barreras geográficas y legales. El sudoeste potosino, concebido como el pilar del futuro energético y turístico del país, se enfrenta ahora a la misma amenaza depredadora que asoló a la Amazonía.
Anatomía de la complicidad
¿Cómo es posible que cientos de retroexcavadoras y volquetas operen impunemente en geografías de difícil acceso sin ser detectadas durante meses? La respuesta de Jaime Sanabria apunta a un nudo estructural: la captura y complicidad de las propias comunidades locales. En una dinámica perversa alimentada por la pobreza y el abandono estatal, los propios pobladores se constituyen en cooperativas o pactan alianzas subrepticias con financistas y operadores foráneos, tanto nacionales como extranjeros.
La normativa exige que cualquier contrato de asociación entre actores mineros privados cuente con la aprobación expresa de la AJAM.
En el terreno la realidad es otra: rige la clandestinidad absoluta: acuerdos leoninos bajo la mesa donde la comunidad percibe porcentajes ínfimos o alquileres precarios, mientras los verdaderos capitales oscuros se llevan el botín millonario y dejan cerros de tierra removida, aguas envenenadas y abandono.
Además, tal como advirtió la máxima autoridad de la AJAM, la minería ilegal del oro dejó de ser una simple infracción administrativa para convertirse en la locomotora de una compleja red criminal internacional. El fenómeno arrastra consigo una cadena ilícita implacable:
- Contrabando de mercurio: Toneladas del metal pesado ingresan de contrabando al país eludiendo convenios internacionales, contaminando las cuencas que alimentan la agricultura comunaria.
- Tráfico de combustible: El funcionamiento de más de un centenar de maquinarias pesadas y camiones demanda miles de litros diarios de diésel privando de suministro al transporte legal y la producción alimentaria.
- Flota vehicular clandestina: Como denunció Sanabria, ninguna de las 100 excavadoras identificadas en Pocoata contaba con registro legal ni pólizas aduaneras legítimas, evidenciando un circuito de contrabando de maquinaria pesada sin control fronterizo.
Un monstruo desbordado
“El país es muy grande, los recursos tienen que ser ingentes y tenemos que ser más efectivos”, admitió el director de la AJAM. El diagnóstico es indiscutible. La paralización en Colcha “K” y el repliegue forzado en el río Tagoni constituyen victorias tácticas necesarias, pero insuficientes frente a un monstruo económico que muta con rapidez.
Potosí, la tierra que durante siglos financió al imperio colonial con su plata y que hoy resguarda las mayores reservas de litio, no puede ser entregada a merced de la fiebre del oro clandestina.
Si el Estado boliviano —mediante la acción coordinada de la AJAM, las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, la Aduana Nacional y las autoridades ambientales— no ejerce una presencia disuasiva permanente, confiscando de raíz la maquinaria pesada, cortando el flujo logístico de combustibles y sancionando a los financistas en las sombras, la minería ilegal terminará convirtiendo la riqueza mineral potosina en una pesadilla de despojo ecológico e ingobernabilidad criminal.
