¿JUSTA RETRIBUCIÓN?
Desde hace siglos, el Cerro Rico de Potosí sostiene economías ajenas a costa de su propio agotamiento. Hoy, el reclamo contemporáneo ya no reside únicamente en la memoria colonial, sino en la ineficiencia, opacidad y debilidad institucional con la que se administra la riqueza mineral del departamento.
Las recientes afirmaciones de la autoridad municipal de Potosí ponen sobre el tapete un debate ineludible y urgente: la brecha abismal entre el mineral que sale de nuestras entrañas y los beneficios reales que efectivamente retornan a la región.
El núcleo de la advertencia no es menor. Se señala de manera frontal que los mecanismos de control —tanto a cargo de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) como del propio Gobierno Autónomo Departamental— exhiben severas limitaciones al momento de fiscalizar las exportaciones y la efectiva liquidación de regalías.
La distorsión más preocupante ocurre en el desfase de precios: mientras los exportadores declaran un valor determinado al momento del despacho aduanero, las cotizaciones y liquidaciones finales en mercados de destino, como el asiático, responden a montos notablemente superiores. En esa grieta de control y asimetría de información, es el municipio potosino el que pierde.
Esta disparidad evidencia un problema estructural en la fiscalización minera boliviana. No se trata únicamente de contar camiones o pesar concentrados en puntos fronterizos, sino de auditar rigurosamente los contratos de compraventa internacional, las deducciones por tratamiento y los precios reales de realización en el extranjero.
Si los niveles central y departamental del Estado carecen de la capacidad técnica y operativa para cotejar la cifra declarada en frontera con el desembolso final en puertos de ultramar, la regalía minera deviene en una contribución disminuida, vulnerable a subdeclaraciones que desangran los ingresos fiscales.
La cifra puesta en discusión sacude cualquier complacencia. Frente a los modestos ingresos que percibe el municipio —apenas una fracción del total recaudado a nivel departamental—, se estima que el potencial recaudatorio generado por el sector en la jurisdicción supera los Bs 500 millones anuales.
Dimensionar estos recursos en términos de desarrollo ilustra con nitidez el costo de oportunidad que paga la ciudadanía: montos de esa envergadura permitirían financiar obras estructurales de primer orden, tales como el cierre de anillos de circunvalación urbana o proyectos vitales de abastecimiento de agua como Paranturí, sin someter a la región a la constante zozobra de contrapartes financieras o negociaciones presupuestarias asfixiantes.
No obstante, la interpelación debe ser rigurosa y constructiva en todos los niveles. Contar con especialistas en el seno municipal es buscar una coordinación efectiva con la gobernación y las entidades recaudadoras para cerrar estas brechas.
La queja aislada no modifica las finanzas públicas si no se traduce en mecanismos de transparencia, auditorías conjuntas y reformas reglamentarias que garanticen que cada libra de estaño, plata o zinc tribute sobre su valor real.
Potosí no puede resignarse a contemplar cómo el Gigante de Plata continúa vaciándose hacia los mercados globales mientras sus servicios básicos y su infraestructura siguen postergados.
Si las entidades llamadas por ley a velar por el patrimonio regional no asumen de inmediato una fiscalización implacable sobre los volúmenes y precios reales de exportación, la riqueza seguirá fluyendo hacia el exterior, dejando en casa únicamente los pasivos ambientales y la frustración colectiva.
