CERIMEDO, EL FANTASMA DE LA ÓPERA
“Nunca hubo un contrato, por eso nunca hubo una relación de trabajo directa como la que se puede llevar adelante con ministros”. Con esta aseveración —enfática, por cierto—, difundida mediante un mensaje en redes sociales, el presidente Rodrigo Paz Pereira intentó poner un cortafuego institucional entre el Órgano Ejecutivo y el consultor político argentino Fernando Cerimedo.
La declaración buscaba desactivar un escándalo que sacude los cimientos de la Casa Grande del Pueblo y que rápidamente mutó en una suerte de telenovela política: una trama cargada de intrigas palaciegas, sospechas de espionaje policial, disputas sentimentales y acusaciones de sicariato que acaparan el rating mediático y el morbo de la opinión pública.
La trama puede transformar una crisis de Estado en un culebrón de consumo diario desviando la atención de lo verdaderamente crucial: las recurrentes mentiras, contradicciones y la flagrante falta de verdad con la que el Gobierno de Rodrigo Paz maneja un asunto que compromete de manera directa la seguridad nacional y la institucionalidad del país.
Al igual que el legendario “fantasma de la ópera” —ese personaje misterioso que habitaba los pasadizos ocultos del teatro, movía los hilos de los elencos tras bambalinas, aterrorizaba a los directores y cuya existencia formal todos negaban pese a que su poder se sentía en cada rincón del escenario—, Fernando Cerimedo parece actuar como una presencia ubicua y omnipotente en los círculos más íntimos del poder boliviano.
Una figura que supuestamente no existía en el organigrama estatal, que no cobraba un sueldo del Tesoro General de la Nación ni firmó un contrato público, pero que ejercía una influencia transversal capaz de subordinar a ministros de Estado y coordinar con altos mandos de inteligencia.
La versión oficial que intenta reducir al asesor a un colaborador esporádico de campaña electoral y de los primeros meses de gestión choca frontalmente con la hemeroteca y los registros diplomáticos. En marzo de este año, en el mismísimo portal oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se publicó la fotografía de la reunión bilateral entre el presidente Rodrigo Paz Pereira y el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.
En esa postal de la más alta diplomacia internacional, integrando la reducida delegación boliviana en Washington, aparece sonriente Fernando Cerimedo. ¿Cómo explicar que un supuesto ciudadano particular, sin vínculo laboral directo ni nombramiento oficial, forme parte de la comitiva de Estado ante la primera potencia mundial?
El argumento de la lejanía y la falta de vínculo formal colapsa frente a las evidencias gráficas de la diplomacia de Estado.
El desmoronamiento del relato oficial cobró mayor fuerza tras la respuesta pública de la abogada Nadia Beller —víctima de un atentado—. Beller encaró directamente al primer mandatario desarmando la coartada gubernamental.
Advirtió que la ausencia de contrato no exime al Gobierno, sino que agrava la figura de usurpación de funciones públicas, confirmando que Cerimedo disponía de una oficina contigua al despacho presidencial en el piso 23 de la Casa Grande del Pueblo, filtraba las audiencias de ministros y directores y mantenía un flujo cotidiano de decisiones dentro del aparato estatal. Sus registros migratorios demuestran además que residía de manera permanente en el país.
A ello se suma la revelación técnica de los peritajes sobre el teléfono incautado a Cerimedo, donde constan alertas en tiempo real remitidas presuntamente por jefaturas de inteligencia policial sobre la ejecución del ataque armado contra Beller, desnudando un esquema paraestatal de monitoreo.
No obstante, la escena más reveladora de este laberinto ocurrió durante la declaración informativa de Fernando Cerimedo ante el Ministerio Público por presunto enriquecimiento ilícito y tentativa de feminicidio.
El consultor argentino declaró ingresos mensuales cercanos a USD Un millón fuera de Bolivia generados por empresas como Numen Group Inc., afirmando no poseer cuentas ni bienes en el país.
Reconoció que su principal contacto en el poder era “el presidente Rodrigo Paz”. Pero lo que verdaderamente retrata la opacidad del caso es su conducta procesal frente a los investigadores: de un total de 219 preguntas formuladas, en 130 de ellas Cerimedo se limitó a responder de forma mecánica: “No tiene que ver con el caso”.
Bajo esa fórmula evasiva, el estratega eludió responder si participó en reuniones de gabinete ministerial, quién autorizaba su ingreso y permanencia en la sede gubernamental, si tenía credencial oficial, con qué frecuencia se reunía con el presidente a solas, si redactaba o modificaba los discursos presidenciales, si administraba las cuentas digitales oficiales del jefe de Estado y si intervenía en la designación o destitución de ministros, viceministros y licitaciones públicas.
El silencio sistemático de 130 respuestas ante las preguntas más elementales de la fiscalización no hace sino ratificar que detrás del velo administrativo existía una estructura de poder informal que nadie se atreve a esclarecer bajo juramento.
Para coronar el desconcierto, al cierre de su declaración informativa, Cerimedo ensayó una acusación política para blindarse judicialmente: “Esto es un intento de golpe de Estado para desestabilizar el gobierno de Rodrigo Paz violentando todos los derechos y tratados internacionales. Me reservo el derecho de accionar legalmente en Bolivia y ante cortes internacionales contra todos los que han vulnerado mis derechos internacionales y que no entiendo los cargos que me han señalado ahora”.
Definitivamente, algo no cuadra. No es admisible que un gobierno democrático pretenda convencer a un país de que un ciudadano extranjero sin cargo formal operaba en el epicentro de la Casa Grande del Pueblo, asistía a cumbres bilaterales con potencias extranjeras, manejaba resortes de comunicación e inteligencia y luego sea despachado como un simple «fantasma» inexistente en los papeles.
El problema de fondo no es el escándalo mediático ni el libreto de la novela de turno; el problema de fondo es la verdad que el Ejecutivo le adeuda a la nación.
La ciudadanía tiene el derecho irrenunciable de saber quién gobernaba realmente, cuánto poder se delegó al margen de la Constitución y por qué se permitieron sombras paraestatales en los despachos del Estado.
Mientras el Gobierno continúe apostando a la desmemoria y al encubrimiento, el fantasma de Cerimedo seguirá rondando por los pasillos del Palacio, recordándole al país que un Estado no se puede conducir con mentiras.
