A POTOSÍ NO VUELVE LO QUE SALE
La historia de Potosí está indisolublemente ligada a una paradoja tan antigua como la República y el Estado mismo: ser el epicentro de la generación de riqueza mineral y, simultáneamente, un escenario de persistente postergación social. Hoy en día, esta contradicción adquiere matices aún más alarmantes.
El departamento se consolidó firmemente como el principal exportador del país, situándose incluso por encima de Santa Cruz, pero la brecha entre el dinero que sale de sus entrañas y el bienestar que retorna a los habitantes sigue siendo un abismo insalvable.
El dinamismo económico en la capital potosina es innegable a simple vista; se observa un evidente auge en el sector de la construcción con edificaciones de varios pisos y la proliferación de vehículos de alta gama.
Este movimiento encareció el costo de vida a tal extremo que un lote de terreno en Potosí puede costar lo mismo que una casa terminada en otras regiones del país. No obstante, este florecimiento local es solo un espejismo superficial si se desglosan las variables macroeconómicas.
De acuerdo con los datos analizados por Eduardo Maldonado y Guido Romay, hasta el año pasado el departamento exportaba a razón de unos USD 11 a 12 millones de diarios provenientes de un territorio completamente mineralizado que abarca desde el Cerro Rico, Porco hasta el norte y el sudoeste potosino.
Si tan solo el 10% de ese excedente extraordinario se quedara e invirtiera de forma efectiva en la región, Potosí recibiría inversiones de un millón de dólares por día, proyectándose como una suerte de Dubái en el occidente boliviano.
La realidad es diametralmente opuesta: solo una cuota sumamente exigua del excedente retorna para dinamizar el comercio local, mientras que la tajada más grande de la torta financiera termina resguardada en cuentas bancarias, muy probablemente en el extranjero.
Esta masiva fuga de capitales condena a la región a una cruda paradoja del desarrollo. A pesar de la opulencia minera y del reciente hallazgo de nuevos yacimientos cuya magnitud promete superar al Cerro Rico o al megaproyecto de San Cristóbal, Potosí arrastra los indicadores de desarrollo humano más bajos de Bolivia, llegando a niveles–según Maldonado–comparables con los de Haití.
Al no existir políticas claras y sostenibles orientadas al desarrollo humano, a la diversificación del aparato productivo o a la mejora sustancial de los servicios de salud, el departamento expulsa de manera constante a su población.
Las familias migran de las provincias buscando horizontes sostenibles porque Potosí se convirtió en un lugar transitorio, un sitio donde la gente llega únicamente a capturar una porción de fortuna minera para luego marcharse.
Frente a este escenario, el comportamiento de la nueva élite económica minera merece un profundo llamado de atención. En la década de los 70, la élite de los llamados «mineros chicos», a pesar de percibir ingresos cientos de veces menores que los potentados actuales, demostró un compromiso tangible con su región al edificar y legar el moderno edificio de la Cámara Departamental de Minería (Cademí) en pleno centro histórico. En contraste, la opulenta Asociación de Ingenios Mineros de la actualidad no cuenta siquiera con una sede social o una tienda propia.
Esta ausencia de obras refleja una alarmante falta de empatía, solidaridad y compromiso con el suelo que los enriquece. Los empresarios contemporáneos carecen de un proyecto de clase local; su perspectiva se reduce a acumular riqueza y marcharse.
Potosí requiere con urgencia que sus autoridades legislen y que sus empresarios asuman una burguesía responsable dotada de identidad cultural y social. No se trata simplemente de extraer minerales aprovechando los ciclos de altas cotizaciones internacionales; se trata de sembrar esa riqueza para dejar un legado duradero. Mientras no retorne lo que sale, Potosí seguirá siendo el eterno mendigo sentado en una silla de oro.
