FEDERALISMO: ¿INTEGRACIÓN O DESMEMBRAMIENTO DE POTOSÍ?
El debate sobre la reconfiguración del poder en Bolivia vuelve a instalarse en la agenda mediática potosina. En sintonía con el presidente Rodrigo Paz Pereira, el gobernador del departamento de Potosí, René Joaquino, expresó una postura tajante respecto al futuro de la estructura estatal:
“Potosí ha sido muy claro: vamos a plantear la construcción de un Estado federal. Lo otro significa matices; lo otro significa nada más mejorar algo de lo mal que está. Bolivia tiene que encaminarse de manera decidida hacia el federalismo. Potosí, desde muchos años atrás, ha pedido un nuevo horizonte para el Estado boliviano y sea el actual presidente el que pueda liderar esa gran transformación”.
El planteamiento de Joaquino canaliza un histórico reclamo de la potosinidad. La Villa Imperial y sus regiones sostienen de manera categórica que el centralismo paceño ahoga e interrumpe el desarrollo del departamento.
La paradoja es sangrienta para la economía regional: siendo Potosí el primer departamento exportador del país —impulsado por la minería tradicional—, la transferencia de retorno y la inversión pública central no guardan proporcionalidad alguna con la inmensa riqueza que la región aporta al erario nacional.
Por ello, la apuesta por el modelo federal surge como la bandera de reivindicación natural para administrar los propios recursos sin pedir permiso a la sede de gobierno.
Sin embargo, detrás del argumento esgrimido por Joaquino se esconde una realidad territorial compleja. Si el centralismo del nivel central de Estado es severamente cuestionado desde Potosí, sus provincias cuestionan con igual dureza el centralismo ejercido desde la propia Capital departamental.
Al abrir la Caja de Pandora del reorganizamiento territorial y político, surgen interrogantes de fondo: ¿es el federalismo un factor de cohesión o el detonante para la fragmentación interna de la región?
Fracturas internas
Hablar de Potosí en singular es un error de apreciación sociológica. El departamento está atravesado por identidades regionales e intereses económicos sumamente diversos que desafían una cohesión automática en torno a un Estado Federal único:
- El Sudoeste potosino y el factor Litio: Conformado por 11 de los 41 municipios del departamento, el Sudoeste expresó abiertamente y en reiteradas ocasiones su aspiración de consolidar una autonomía regional.
En esta jurisdicción se sitúan los yacimientos de litio del Salar de Uyuni, la mayor reserva mundial del recurso. Si se avanza hacia un esquema federal, surge una duda ineludible: ¿aceptará el Sudoeste integrar el Estado Federal de Potosí subordinado a las decisiones de la Capital, o buscará erigirse como un Estado federado autónomo para gestionar de forma directa la renta del litio?
- La Nación Chichas en el Sur: En el sur del departamento, la población mantiene una profunda identidad cultural y territorial vinculada a la Nación Chichas. Con una vocación productiva, comercial e histórica propia, ¿qué camino elegiría esta región frente a una reestructuración de fronteras políticas internas?
- El Centro y la agonía del Cerro Rico: La región centro, con la Capital a la cabeza, lidera el discurso federalista confiada en el peso histórico y la producción del Cerro Rico.
No obstante, la minería tradicional enfrenta límites físicos e institucionales evidentes: ¿cuánto tiempo más podrá el «Gigante de Plata» soportar una explotación inmisericorde que amenaza con deteriorar definitivamente su estructura sin ofrecer un esquema de diversificación económica sostenible?
Proyectar un Estado Federal Potosino asumiendo que las 16 provincias actuales se alinearán automáticamente sin disensos resulta un ejercicio de ingenuidad política. Si Potosí hasta el día de hoy no logró consolidar la autonomía departamental plena y ni siquiera cuenta con un Estatuto Autonómico consensuado y aplicado de manera efectiva, ¿bajo qué bases institucionales pretende dar el salto hacia el federalismo?
Entre la retórica y la viabilidad técnica
Para comprender la viabilidad real de la propuesta, es imprescindible recurrir al análisis del derecho constitucional. El artículo 1° de la Constitución Política del Estado (CPE) define de manera explícita: “Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías”.
Expertos en derecho constitucional recuerdan que el ordenamiento jurídico boliviano contempla la descentralización y las autonomías (departamentales, municipales e indígena originario campesinas), pero no menciona en ninguna parte la figura federal.
Por consiguiente, pasar a un modelo federal no es un ajuste reglamentario menor; requiere una reforma constitucional profunda que solo puede viabilizarse mediante tres vías: un referéndum nacional vinculante, una reforma aprobada por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional o la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente.
Como señalan los juristas en la materia, la propuesta actual padece de una evidente inmadurez conceptual: “En este momento es algo incipiente, solo una idea. Es como decir ‘vamos a volar’, pero no sabemos si vamos en avión o en helicóptero”.
Transformar la estructura de un país implica redactar no solo una nueva Constitución, sino desarrollar un cuerpo de leyes federales que redefina la administración tributaria, la administración de justicia, la seguridad ciudadana y la división de competencias en todo el territorio.
El riesgo modelos importados
Un aspecto crítico que la dirigencia política suele omitir en el debate público son los tipos de federalismo existentes y la disparidad económica entre las regiones del país:
- Federalismo Simétrico: Otorga exactamente las mismas competencias, responsabilidades y poderes a todos los estados federados.
- Federalismo Asimétrico: Reconoce mayores niveles de autonomía o márgenes de libertad a ciertas regiones debido a razones culturales, históricas o de peso poblacional y económico.
Intentar copiar mecánicamente modelos extranjeros como Estados Unidos, Alemania, Brasil o Argentina resulta inviable para la realidad nacional.
Bolivia posee una configuración plurinacional e identitaria única. Si se impone un federalismo sin medir la capacidad fiscal de producción y autosustento de cada departamento o región, las brechas socioeconómicas se profundizarán.
El federalismo no es simplemente la fórmula mágica para recibir más recursos; implica asumir de forma directa la totalidad de las obligaciones y gastos públicos que hoy cubre el nivel central del Estado (educación, salud, infraestructura mayor e institucionalidad).
Hilar fino antes de dar el salto
Lanzar el federalismo como un «globo de ensayo» político sin un diagnóstico técnico, jurídico y territorial preciso puede acarrear severas frustraciones colectivas.
Las aspiraciones de la gobernación de Potosí de liberarse de las ataduras del centralismo son legítimas y compartidas por la ciudadanía. Sin embargo, si la propuesta no contempla la articulación sincera con sus provincias, la consulta a las autonomías indígenas y un diseño fiscal sólido, el remedio podría resultar más costoso que la enfermedad.
Antes de dar el salto al vacío, la principal autoridad departamental y la sociedad potosina están obligadas a «hilar fino». Ignorar las tensiones territoriales internas bajo el entusiasmo de un eslogan político no unirá al departamento; por el contrario, podría pavimentar el camino para la fragmentación definitiva de la región.
En materia de arquitectura estatal, decidir a ciegas conduce inevitablemente a llorar sobre la leche derramada.
