SEGUNDA INHABILITACIÓN DE DUNN
El TSE frena nuevamente su candidatura, pese a documentos de respaldo y un fallo judicial favorable.
El panorama electoral boliviano vuelve a sacudirse con la determinación del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de inhabilitar, por segunda ocasión, al postulante presidencial Jaime Dunn, quien aspiraba a participar en los comicios representando a la alianza Nueva Generación Patriótica (NGP). La decisión, adoptada este martes 8 de julio, ha reavivado el debate sobre la aplicación de criterios administrativos en la arena política.
En el centro de la controversia está un antiguo conflicto fiscal que persigue a Dunn desde su paso como ex oficial mayor de la Alcaldía de El Alto, entre los años 2001 y 2002. Según el TSE, continúan vigentes procesos coactivos fiscales impulsados por el gobierno municipal alteño, lo que infringe los requisitos de idoneidad establecidos para candidatos a cargos públicos.
Dunn, sin embargo, presentó una certificación emitida por la Contraloría General del Estado, en la que consta su solvencia fiscal. Además, exhibió una resolución judicial que, en su momento, declaró extinguidas las deudas observadas. Pese a ello, el municipio de El Alto impugnó la decisión judicial y aseguró que las obligaciones aún no han sido canceladas en su totalidad, manteniéndose firme en su acusación hasta el final del proceso ante el órgano electoral.
La determinación del TSE ha generado divisiones tanto dentro como fuera del escenario político. Desde la alianza NGP, se denuncia un “veto institucional disfrazado de legalidad”, mientras se cuestiona que el Tribunal haya hecho prevalecer la versión de la Alcaldía por encima de documentos oficiales y fallos emitidos por el sistema judicial.
Para algunos juristas, la medida representa una extralimitación de competencias por parte del TSE, al poner en duda una sentencia judicial y otorgar valor determinante a una interpretación administrativa en lugar de un pronunciamiento definitivo de la justicia. Otros, en cambio, sostienen que los órganos electorales tienen la obligación de precautelar la limpieza del proceso electoral y de aplicar estrictamente las normas sobre requisitos de elegibilidad.
La figura de Dunn no es nueva en el debate político, y su exclusión por segunda vez consecutiva lo coloca en una situación difícil, no solo legal sino también de imagen pública. Pese a todo, ha ratificado su intención de seguir luchando por su habilitación, incluso si ello implica acudir a organismos internacionales.
En medio de esta disputa, el proceso electoral sigue avanzando, pero no sin cuestionamientos. El caso Dunn se suma a una larga lista de candidatos que han sido marginados en años recientes por temas técnicos, administrativos o judiciales, lo que alimenta una narrativa de desconfianza y posible manipulación de los órganos responsables de garantizar elecciones transparentes. (el mamore.com).
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