PREVENIR LA MUERTE EN LA MINA POTOSINA ES SOLO TEORÍA

La frialdad de las estadísticas criminales y forenses en Potosí dejó de ser una señal de alarma para convertirse en el acta de defunción de toda lógica de prevención laboral. La realidad minera de la Villa Imperial volvió a teñirse de luto con una crudeza incontenible: una mujer de 32 años cayó 60 metros de un cuadro de la mina “Tres Amigos” y murió.

Con este último y fatídico episodio, la cifra acumulada de decesos en lo que va de la presente gestión se elevó a 102 personas. Al desglosar este macabro contador, la radiografía social del dolor expone heridas estructurales que ninguna autoridad quiso sanar: 90 son varones, 12 son mujeres y, de manera profundamente dolorosa y moralmente inaceptable, 9 de las víctimas eran menores de edad.

Los datos no hacen más que validar las proyecciones estadísticas que el Semanario Nuestra Voz trazó a principios de junio, cuando la inercia matemática ya advertía que el primer semestre cerraría superando la nefasta barrera de los 80 fallecidos, amenazando con pulverizar los registros históricos de las gestiones 2024 y 2025.

Esa proyección quedó corta. El 7 de julio los decesos eran 83, en algo más de un mes, la cifra subió a 102.

Las prioridades del Estado en el departamento de Potosí parecen haberse invertido de forma dramática y peligrosa. Mientras las fuerzas del orden despliegan imponentes operativos nocturnos, enfrentan cargas de dinamita y movilizan contingentes enteros para proteger el patrimonio económico de las cooperativas y empresas mineras frente al fenómeno del «juqueo» o robo de mineral, el subsuelo potosino continúa tragándose vidas humanas a un ritmo escalofriante ante una flagrante inacción estructural.

La brecha entre el celo institucional puesto en la seguridad del capital frente a la negligencia casi absoluta respecto a la seguridad industrial de los trabajadores de interior mina devela un panorama desolador: en la Villa Imperial, el mineral vale más que la sangre.

El discurso oficial, centrado en garantizar la «seguridad y la economía» del departamento, contrasta severamente con la cruda realidad de los partes médicos y de la división de homicidios .

Estos hechos exponen con crudeza que los accidentes no son eventualidades fortuitas, sino consecuencias lógicas de la falta de garantías en el sistema de seguridad industrial del sector subalterno.

Para comprender la magnitud de la tragedia, es imperativo analizar la evolución de las estadísticas de decesos. En febrero de este año, el Semanario Nuestra Voz alertaba que entre 2024, 2025 y los primeros 36 días de 2026, ya habían fallecido 264 personas en los yacimientos, estableciendo un promedio demoledor de un muerto cada tres días.

El año 2024 cerró con 116 fallecidos (un promedio de 9,6 decesos mensuales) y 2025 superó la marca con 123 decesos (10,25 por mes). Al iniciar 2026, la velocidad de la tragedia se aceleró: se registraron 25 muertes en apenas 36 días, elevando el promedio a casi 0,7 muertos por día en ese breve periodo inicial.