LA OEA “RECOMENDÓ” AMPLIAR EL ESTADO DE EXCEPCIÓN
“En consonancia con las recomendaciones de la OEA” es el argumento que utiliza el gobierno de Paz Pereira para dictar el Decreto Supremo N° 5707 ampliando por 90 días el Estado de Excepción dentro del territorio nacional.
Sin embargo, en el informe elaborado por la OEA, se “constata un amplio acuerdo sobre la importancia de preservar el orden constitucional y democrático de Bolivia y respetar los mandatos surgidos de los procesos electorales”.
Además, que dichos mandatos “deben ser respetados en su integridad y no pueden ser alterados por vías distintas de los mecanismos institucionales previstos en el orden constitucional boliviano”.
La OEA señala: “Proteger el derecho a la protesta pacífica y garantizar, al mismo tiempo, los derechos de terceros” y “establecer corredores humanitarios y logísticos durante futuros períodos de protesta”.
Si la OEA “constató” in situ “un amplio acuerdo” y respeto a “los mandatos surgidos de los procesos electorales” y de “establecer corredores humanitarios durante los futuros períodos de protesta”, ¿por qué el gobierno se respalda para dictar una medida que no está en el informe de la OEA?
La Misión de la OEA “hizo un llamado al diálogo más amplio posible entre el Gobierno y todos los sectores de la sociedad boliviana con el fin de superar la polarización, prevenir nuevos conflictos y fortalecer la cohesión social”, subrayando que “que el diálogo y el ejercicio legítimo de la protesta social son plenamente compatibles con la responsabilidad compartida de proteger la democracia, la estabilidad institucional y los derechos de toda la población”.
A esa recomendación, el gobierno de Paz Pereira hizo caso omiso y eligió ampliar el Estado de Excepción y, por tanto, el uso de las fuerzas de seguridad ante cualquier amago de protesta popular.
