EL AEROPUERTO SIGUE EN EL PAPEL

Desde 2018, la promesa de un aeropuerto para la Villa Imperial se mantiene como una ilusión escrita en planos y discursos. La obra que debió traducirse en conectividad, turismo, inversión y desarrollo para el departamento, hoy atraviesa su momento más crítico: sin recursos, sin definiciones claras y sin un horizonte certero para su conclusión.

El llamado aeropuerto internacional “Ciudad de Potosí” depende, en este momento, de dos desembolsos claves. Por un lado, los Bs 114 millones solicitados por la gobernación al pleno de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí (ALDP), y por otro, los USD 25 millones comprometidos por el gobierno central, cuyo destino es la terminal de pasajeros, torre de control y accesos.

La primera traba está en la ALDP. Aunque las comisiones de Economía y Constitucional ya dieron luz verde al pedido, aún falta la aprobación en el pleno. ¿Por qué tanto trámite por un monto ya justificado técnicamente? Porque en Potosí, incluso lo urgente necesita permiso.

Estos Bs 114 millones, según los informes técnicos, permitirán avanzar en lo esencial: pista de aterrizaje, plataforma de aeronaves, calles de rodaje y calles perimetrales destinadas a operaciones de seguridad.

En resumen, son recursos para que el aeropuerto empiece a tomar forma más allá del papel. Pero esa es apenas una parte del rompecabezas.

El otro monto —USD 25 millones— está en una nebulosa aún más espesa. Aunque se ha mencionado su destino —terminal, torre de control y accesos— no hay una definición formal ni cronograma público para su desembolso.

El Ministerio de Obras Públicas mostró en su momento voluntad para licitar vía SICOES estos componentes, pero finalmente descargó la responsabilidad en la gobernación, evidenciando un pase de responsabilidades que solo retrasa más el proyecto.

El compromiso de transferir los fondos sigue en pie, al menos en el discurso oficial, sin embargo, el procedimiento no es automático.

Primero, el Ministerio de Obras Públicas debe enviar el proyecto al Ministerio de Planificación, que a su vez debe buscar el financiamiento, ya sea interno —Tesoro General de la Nación (TGN)— o externo, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la CAF.

Y aquí aparece otra piedra en el camino: los plazos normativos. El análisis y aprobación por parte del financiador internacional puede tardar hasta 180 días, y si se obtiene una respuesta afirmativa, el proceso de construcción de la nueva terminal de pasajeros puede tomar, en el mejor de los casos, 400 días más.

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