BELLER AFIRMA QUE CERIMEDO TIENE RELACIÓN DIRECTA CON EL HIJO DE DONALD TRUMP

La abogada Nadia Beller cuestionó las restricciones de visa impuestas por Estados Unidos al fiscal general de Bolivia, Róger Mariaca, y planteó interrogantes sobre una posible presión en medio de las investigaciones que involucran a Fernando Cerimedo. Beller afirmó que presentó ante la Fiscalía audios, chats, fotografías y documentación sobre presuntos vínculos de Cerimedo con decisiones en YPFB y operaciones relacionadas con combustible, además de referirse a otros actores mencionados en las investigaciones y preguntar: “¿Están persiguiendo al que investiga o están protegiendo a parte de la red?”.

«¿ES LA LUCHA DEL ESCUDO DE LAS AMERICAS O LA PROTECCIÓN DE LA RED MAGA?

Esta fotografía muestra juntos a Donald Trump Jr. (hijo de Donald Trump), Brad Parscale, Andy Rivas y Fernando Cerimedo. Y adquiere una relevancia enorme cuando se la coloca junto a lo que hoy está ocurriendo en Bolivia.

Es menester desentrañar los presuntos negocios de estos actores que instrumentalizan el movimiento MAGA:

Yo presenté ante la Fiscalía audios, chats, fotografías y documentación sobre la participación de Cerimedo en decisiones de YPFB, incluyendo la colocación y retiro de funcionarios, además de información relacionada con combustible, oro y otras operaciones.

También presenté audios y chats sobre FUTURA, empresa vinculada al suministro de combustible a Bolivia. En esas conversaciones se habla de comisiones para Brad Parscale, socio de Cerimedo y exjefe de campaña de Trump; del tancaje que pasa por las manos de la madre de los hijos de Cerimedo, y en ellos Cerimedo reconoce que Brad trabaja con ella desde hace tiempo. Él niega recibir parte de la comisión que recibe Brad, pero es quien opera en YPFB para favorecer a esta empresa. También explica que la función de la madre de sus hijos sería auditar infraestructura y verificar los requisitos para el tancaje de FUTURA donde se recibiría el combustible que nos venden a Bolivia (todo lo que le pagan a ella es co unidad ganancial para Cerimedo).

Es decir: no estamos hablando solamente de una campaña electoral. Estamos hablando de una estructura política internacional que después de ganar el gobierno aparece vinculada a negocios empresariales cuestionables en Bolivia.

Y mientras todo esto se investiga, el Gobierno de Donald Trump retira la visa al Fiscal General de Bolivia, Róger Mariaca, y lo acusa de corrupción relacionada con narcotráfico, sin presentar a la fecha denuncia alguna o prueba. Mariaca sostiene que la medida constituye una forma de presión política y ha señalado expresamente que continuará con investigaciones sensibles, incluida la investigación contra Fernando Cerimedo.

Cerimedo no está siendo investigado solamente por un hecho. Entre los hechos denunciados e investigados aparecen, en primer lugar, la tentativa de feminicidio, además de posibles hechos de encubrimiento al narcotráfico, corrupción, legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones y otros hechos.

Y ahora aparece otro elemento todavía más delicado.

Mientras se presiona al Fiscal General, ministros del Gobierno comienzan a hablar de posibles procesos y extradiciones. Uno de ellos es Ernesto Justiniano, quien además es una persona sobre la que existen cuestionamientos y elementos que ameritan investigación en relación con hechos vinculados al narcotráfico y encubrimiento a los contrabandistas del oro. ¿Es una defensa institucional o una forma de presión o chantaje contra quien está investigando?

Porque tampoco puede ignorarse el caso del exjefe de la FELCN Frans William Cabrera, incluido en las restricciones estadounidenses.

Al mismo tiempo, el vicepresidente Edmand Lara presentó un audio atribuido a Fernando Cerimedo, en el que se escucha a Cerimedo negociar la cobertura o protección para vuelos de avionetas en el Beni por US$15.000 mensuales por aeronave, además de hablar de la coordinación con ese coronel Cabrera y con NAABOL. En la conversación se habla de múltiples aeronaves y de operadores que esperaban la señal para comenzar a volar. Lara presentó este material ante la opinión pública y anunció su remisión a la Fiscalía para su investigación.

Si realmente existe una estructura de protección al narcotráfico, una sola persona no puede protegerla completa. Entonces también corresponde preguntar por todos los actores que aparecen alrededor de estas operaciones: Cabrera, Cerimedo, Ernesto Justiniano y quienes resulten involucrados. ¿Por qué no les retiraron a ellos las visas?

Es obvio que Cabrera no opera solo y, por los audios presentados, existen elementos que deben ser investigados para determinar quiénes más participaron.

Y hay otro dato que obliga a mirar con atención los criterios utilizados por Washington.

En Perú, el único ciudadano peruano incluido en esta lista es Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima, quien había dictado una resolución favorable a Cosco Shipping Ports Chancay Perú, empresa de capitales chinos que opera el megapuerto de Chancay. El Departamento de Estado no explicó públicamente qué conducta concreta del juez motivó la restricción de su visa.

Entonces la pregunta es simple: ¿qué criterio está utilizando el Gobierno de Donald Trump para decidir quién entra en esta lista?

Porque si la explicación es corrupción y narcotráfico, hay que explicar por qué se retira la visa al Fiscal General que está investigando una estructura de estas características y, al mismo tiempo, qué ocurre con todos los demás actores que aparecen vinculados a esas investigaciones.

Los lobbies internacionales vinculados a este entorno político MAGA ya están siendo investigados en Bolivia. El problema es que ahora la cabeza de ese entorno político es quien está señalando al que investiga.

Y no podían faltar los políticos y sectores del Parlamento pidiendo la salida de Mariaca, en un contexto en el que también existen denuncias sobre supuestos pagos de US$5.000 mensuales y distribución de pegas a parlamentarios a cambio de respaldar al Gobierno.

No se puede sacar a un Fiscal General mediante presión política, sin pruebas fehacientes y sin debido proceso, justamente cuando la institución que dirige está investigando una estructura de esta magnitud por sindicaciones de esta misma estructura.

Porque entonces ya no estaríamos hablando simplemente de una destitución. Podría convertirse en un golpe institucional contra la Fiscalía para impedir que una investigación avance.

¿ESTÁN PERSIGUIENDO AL QUE INVESTIGA O ESTÁN PROTEGIENDO A PARTE DE LA RED?» (ANT Agencia de Noticias Tarija)