SANTA CRUZ CUESTIONA LA SUBVENCIÓN AL TELEFÉRICO, PERO LOS DATOS ABREN OTRA DISCUSIÓN
La discusión sobre las subvenciones públicas puede ser legítima cuando se sustenta en cifras completas y comparables. Sin embargo, las declaraciones de la vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, respecto a Mi Teleférico abren una pregunta inevitable: ¿se está mirando todo el mapa de los recursos públicos o solamente una parte?
Aguirre afirmó que el sistema de transporte por cable de La Paz demanda alrededor de Bs 2100 millones anuales en subvenciones y sostuvo que el pasaje debería costar Bs 6, frente a los Bs 3 actuales. La declaración fue refutada por la propia empresa, que señaló que esa cifra corresponde a una interpretación equivocada de sus balances. Según información publicada recientemente, Mi Teleférico registró un superávit operativo de Bs 10 millones en la última gestión y las pérdidas contables acumuladas están relacionadas, entre otros factores, con la depreciación de su infraestructura.
El análisis económico atribuido a Omar Velasco introduce otra dimensión. Si se consideran los márgenes operativos de Mi Teleférico desde su puesta en funcionamiento en 2014, el margen negativo acumulado durante 12 años rondaría los Bs 2314 millones. La cifra, por sí misma, muestra que no resulta consistente presentar Bs 2.00 millones como una subvención que el Estado desembolsa cada año.
Pero la discusión no debería terminar en La Paz. Si se habla de subvenciones y beneficios públicos, corresponde observar también qué departamentos recibieron recursos, infraestructura e incentivos durante los años de bonanza económica.
Según el análisis citado, la actividad agroindustrial de Santa Cruz habría recibido beneficios asociados a subvenciones por aproximadamente Bs 20.000 millones durante un período comparable, varias veces por encima del margen negativo acumulado de Mi Teleférico. Se trata de una comparación que requiere distinguir entre subvención directa, inversión pública, incentivos y otros mecanismos de apoyo estatal, pero que resulta pertinente para evitar una lectura unilateral del gasto público.
Los datos de inversión pública tampoco respaldan una explicación basada simplemente en un supuesto abandono de Santa Cruz. Entre 2014 y 2025, la participación acumulada de la inversión pública se acercaría al 19% para La Paz y 18% para Santa Cruz, según el análisis referido.
Y existe otro dato que obliga a revisar viejas narrativas regionales: Potosí es actualmente el principal departamento exportador de Bolivia. En el primer trimestre de 2026 registró exportaciones por unos USD 1494,8 millones, frente a USD 1007,7 millones de La Paz y USD 470,1 millones de Santa Cruz. A julio, Potosí mantenía el primer lugar, con USD 3271,5 millones, por encima de La Paz y Santa Cruz.
La paradoja es evidente: Potosí aporta enormes cantidades de divisas mediante la minería, pero continúa enfrentando profundas brechas de infraestructura y desarrollo.
Que un departamento sea un gran exportador no significa que automáticamente reciba una proporción equivalente de bienestar o inversión.
Por eso, la discusión sobre las subvenciones no debería convertirse en una disputa entre departamentos. El debate económico serio exige mirar cuánto aporta cada región, cuánto recibe, bajo qué modalidad y, sobre todo, qué resultados obtiene la población.
