¿QUÉ LE VOY A DECIR?
Un leve movimiento de cabeza, un gesto desentendido y una frase lapidaria que flotó en el aire antes de diluirse en la complacencia: “¿Qué le voy a decir?”. Esa fue la reacción inicial con la que Rodrigo Paz Pereira intentó despachar una interrogante inevitable sobre el audio que circuló en plataformas digitales, donde presuntamente se le vincula en una conversación con Fernando Cerimedo.
Lejos de despejar la sombra de la sospecha, la escena inauguró una maniobra dialéctica orientada a cambiar de carril y esquivar cualquier definición tajante.
En el ejercicio de la primera magistratura, las palabras pesan, pero las omisiones y los silencios deliberados pesan el doble. Ante el requerimiento público, el presidente optó por trasladar el foco del conflicto hacia el frente interno, señalando que lo verdaderamente preocupante son las intenciones del vicepresidente respecto al país y remarcando una distancia moral entre sus prioridades y las ajenas.
Declaró que su atención está volcada exclusivamente a los problemas de la nación, argumentando haber escuchado múltiples grabaciones en contextos electorales y sugiriendo con displicencia que se realicen los peritajes pertinentes.
No obstante, intercaló una advertencia ambigua: señaló que debe tenerse cuidado cuando se compromete la seguridad del Estado, deslizando al mismo tiempo que existen registros correspondientes al orden privado.
Esta formulación abre una contradicción que el propio discurso presidencial no logra suturar. ¿Puede un presidente responder con semejante ligereza ante un hecho de esta naturaleza? La investidura presidencial demanda una rendición de cuentas inequívoca frente a cualquier hecho que ponga en entredicho la transparencia de sus vínculos políticos y sus estrategias.
Minimizar el asunto mediante el encogimiento de hombros y el posterior desvío temático no constituye una respuesta idónea; es, en rigor, una táctica de evasión.
Para consumar el desvío, la respuesta presidencial apeló a una fórmula clásica del repertorio populista: contraponer la gravedad institucional de las denuncias a las urgencias inmediatas de la población.
Sostuvo que el auténtico desvelo de la ciudadanía reside en asegurar que la comida llegue a la mesa, que no falte combustible, luz, salud ni educación, estableciendo una presunta brecha entre esas demandas cotidianas y los intereses del vicepresidente.
Por supuesto que el bienestar elemental y la provisión de servicios básicos constituyen el mandato primordial de cualquier administración, pero utilizarlos como biombo para eludir la aclaración de un escándalo político degrada la calidad del debate público.
Una sociedad democrática no tiene por qué elegir entre abastecimiento básico y probidad en la conducción del Estado; tiene derecho a exigir ambas cosas con la misma firmeza.
Frente a este escenario, la mirada no solo debe recaer sobre quien esquiva, sino sobre quienes formulan las preguntas. ¿Por qué los periodistas no fueron incisivos con el presidente? ¿Qué inhibición, cálculo o temor reverencial impidió insistir en el punto hasta obtener una confirmación o un descarte riguroso?
El periodismo no está llamado a ser un mero receptor pasivo de evasivas prefabricadas ni a validar las agendas de distracción que impone el poder de turno.
Cuando los reporteros renuncian a la repregunta y permiten que una contestación vaga cierre el capítulo, la función fiscalizadora de la prensa claudica.
Exigir respuestas claras no es una afrenta; es el deber elemental de un oficio que no puede conformarse con un encogimiento de hombros ni con un cómodo “¿qué le voy a decir?”.
