LA MUERTE DE 9 MIEMBROS DEL EJÉRCITO A SEGUNDO PLANO
La explosión registrada en el Regimiento Bolívar de Viacha dejó, hasta la fecha, un saldo doloroso: nueve miembros del Ejército fallecidos, cinco desaparecidos y 81 heridos. Detrás de esas cifras existen familias que todavía esperan respuestas, cuerpos que deben ser recuperados y una institución que tiene la obligación de informar, asistir y acompañar a quienes perdieron a sus seres queridos.
Sin embargo, la tragedia terminó desplazada del centro de la agenda pública. En medios tradicionales y redes sociales, la atención se concentró en el altercado entre el vicepresidente Edmand Lara y el teniente coronel del Ejército Alvarado. La discusión sobre quién provocó a quién, quién faltó al respeto o quién actuó correctamente se convirtió en el principal espectáculo político. Hasta el presidente Paz Pereira ingresó en escena.
Así, nueve muertes, cinco desaparecidos y decenas de heridos corren el riesgo de convertirse en el telón de fondo de una disputa política.
No se trata de defender a Lara ni de convertir al militar en villano. Ambos pueden y deben ser cuestionados por sus actuaciones. El vicepresidente, particularmente, puede ser criticado por un comportamiento paternalista frente a los familiares de las víctimas y por cualquier utilización política de la tragedia. Pero convertir automáticamente al uniformado en héroe por enfrentarse a una autoridad política tampoco ayuda a comprender lo verdaderamente grave.
El problema de fondo es otro: ¿dónde estuvo el Estado?
Las familias que permanecen en Viacha esperando información no deberían verse obligadas a peregrinar por hospitales y morgues, instalarse frente a un cuartel o reclamar personalmente para conocer si continúa la búsqueda de sus familiares. Mucho menos deberían depender de la presencia de una autoridad, un dirigente, una activista o una figura de redes sociales para conseguir atención.
Cuando las instituciones funcionan, el ciudadano no necesita un “salvador” para hacer valer sus derechos.
La tragedia de Viacha vuelve a mostrar una vieja enfermedad boliviana: la debilidad institucional que obliga a buscar tutores para ser escuchados. Antes podían ser líderes políticos o figuras populares; hoy pueden ser autoridades, activistas, periodistas o influencers.
Por eso, mientras el país discute quién ganó el enfrentamiento verbal entre Lara y el teniente coronel, las preguntas importantes permanecen pendientes: ¿qué provocó la explosión?, ¿por qué murieron nueve militares?, ¿dónde están los cinco desaparecidos?, ¿qué atención reciben los heridos?, ¿qué información recibieron las familias y quién asumió la responsabilidad de acompañarlas?
La verdadera noticia no debería ser quién gritó más fuerte. La verdadera noticia es que una tragedia humana terminó relegada a segundo plano mientras el Estado, una vez más, parece ausente.
