FALTÓ LA SELFIE
El periodismo tiene como misión fundamental fiscalizar al poder, interpelar las decisiones de la justicia y aportar luz y rigor frente a hechos que conmocionan a la sociedad.
Lo ocurrido en Cruz en los últimos días en torno a figuras vinculadas a graves procesos judiciales obliga a una profunda y urgente autocrítica dentro del gremio: ¿qué está pasando en las salas de redacción y en la cobertura de calle cuando el rigor profesional se diluye en la banalidad o, peor aún, en la fascinación por el espectáculo?
La reciente salida de la exdiputada Laura Rojas del penal de Palmasola dejó una escena desconcertante. Investigada por delitos de extrema gravedad como tráfico de sustancias controladas, confabulación y legitimación de ganancias ilícitas —en el bullado caso de las 32 maletas transportadas con uso irregular de pasaporte diplomático—, la exautoridad abandonó el recinto penitenciario levantando las manos con ademán triunfal.
Frente a los micrófonos, el libreto fue el de la victimización y la emoción personal: agradecimientos familiares, invocaciones divinas y promesas de ayuda social. Sin embargo, la respuesta periodística fue dócil e inofensiva.
No hubo contrapreguntas incisivas, no se cuestionó la contradicción del uso de documentación diplomática sin ejercer funciones, ni se interpeló el fondo de una causa que golpea la credibilidad institucional del país.
La escena transcurrió entre consultas superficiales y una condescendencia impropia frente a una investigada por delitos transnacionales. Solo faltó la “foto” del recuerdo.
Esa postal complaciente no es un hecho aislado; es el síntoma de una deriva más amplia. Apenas días antes, tras una conferencia de prensa de Tatiana Marset —hermana del hoy detenido en Estados Unidos, Sebastián Marset y también beneficiada con detención domiciliaria—, la estampa cruzó la línea ética: comunicadores posando sonrientes y tomándose selfies con ella, en un acto que normaliza e idolatra mediáticamente a figuras vinculadas a redes criminales.
Esta preocupante pérdida de distancia crítica —reprochada con dureza por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y reconocidas voces del medio— convierte la crónica judicial en farándula y vacía de contenido el deber ético de informar.
A la par de esta actitud dócil en los micrófonos, persiste una alarmante omisión: la falta de escrutinio sobre los propios operadores de justicia. A Laura Rojas se le otorgó detención domiciliaria sin escolta bajo el argumento de haber superado los seis meses de detención preventiva.
Si bien los plazos procesales deben cumplirse, cabe preguntarse por qué esta celeridad y flexibilidad beneficia de forma casi automática a procesados de alta relevancia política y económica, mientras miles de reclusos anónimos languidecen hacinados durante años sin sentencia ni revisión de medidas.
Mientras a figuras políticas se les extienden las medidas cautelares sin miramientos, en causas de narcotráfico las puertas se abren con pasmosa facilidad, sin que la prensa demande explicaciones contundentes a jueces y fiscales.
El periodismo no puede ser cómplice ni comparsa del poder ni del crimen organizado. Renunciar a la pregunta incómoda para buscar la declaración emotiva o el retrato frívolo degrada la profesión y debilita a la sociedad democrática.
Frente a la impunidad y la complacencia, el único camino digno es recuperar el rigor, la distancia ética y la firmeza investigativa.
