USD 1900 MILLONES: UN PRÉSTAMO CONDICIONADO Y SIN TRANSPARENCIA
El Gobierno remitió a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley destinado a autorizar un crédito de USD 1900 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI). A primera vista, se trata de una operación financiera orientada a conseguir recursos para enfrentar las necesidades económicas del país.
El documento oficial introduce un elemento que cambia sustancialmente la naturaleza del préstamo: los recursos estarán vinculados a un Programa de Reformas Económicas con una duración de 36 meses haciendo dudar del verdadero objeto.
Por tanto, no es un crédito convencional en el que el Estado recibe dinero y posteriormente cumple con un cronograma de pago. Según el análisis del economista Gonzalo Colque, el financiamiento supone compromisos que podrían abarcar áreas centrales de la política económica nacional: disciplina fiscal, metas monetarias, política cambiaria, precios de los combustibles, control de la inflación y eventuales procesos de privatización o reestructuración de empresas estatales, entre otros.
El problema no radica únicamente en que Bolivia recurra al financiamiento externo. En determinadas circunstancias, acudir a organismos internacionales puede ser una herramienta necesaria para obtener liquidez y estabilizar una economía.
La preocupación surge cuando el Legislativo debe pronunciarse sobre un crédito cuyos compromisos económicos asociados no han sido puestos íntegramente a su consideración.
En los hechos, el Ejecutivo no estaría solicitando solamente autorización para contratar USD 1900 millones. También pediría respaldo político para un programa de reformas cuyo contenido detallado permanece fuera del debate público.
La ausencia de información sobre el cronograma de desembolsos, las condiciones que deberán cumplirse para acceder a cada tramo del financiamiento, las metas específicas y las consecuencias ante eventuales incumplimientos impide conocer cuál será el verdadero costo económico y político de la operación.
La Asamblea Legislativa tiene la responsabilidad constitucional de fiscalizar los actos del Ejecutivo y, particularmente, aquellos que comprometen recursos y decisiones que pueden afectar a toda la economía nacional. Aprobar un crédito sin conocer con precisión las obligaciones que lo acompañan significaría limitar esa capacidad de control.
Por eso, antes de levantar la mano para aprobar los USD 1900 millones, corresponde abrir el documento y mostrar todas sus condiciones. Un préstamo de esta magnitud puede ser necesario; lo que no puede ser necesario es aprobarlo a ciegas. Si el programa económico es beneficioso para Bolivia, sus metas, plazos y compromisos deberían poder ser conocidos, discutidos y fiscalizados públicamente.
De lo contrario, más que un acuerdo financiero, el país estaría entregando un cheque en blanco al FMI.
