
EL FÚTBOL, AL IGUAL QUE EL GOBIERNO, NO CUADRA
La imagen en la sala de prensa del estadio Víctor Agustín Ugarte desnudó la fractura absoluta del balompié nacional. Tras la caída de Real Potosí ante Real Tomayapo (0-1), los 30 integrantes del plantel lila se presentaron en bloque ante los micrófonos.
Con el rostro desencajado, el capitán Juan Pablo Rioja golpeó la mesa: “Que nos digan quién será campeón y no participamos; no tenemos miedo a que nos sancionen a los 30”. A su lado, el experimentado Maximiliano Gómez sentenció con frialdad: “¿Tenemos que decir la verdad? Porque si tengo que decir la verdad me tengo que ir del país mañana”.
La indignación lila estalló tras el arbitraje de Javier Revollo, quien expulsó a dos futbolistas locales. Si bien la roja directa a Fernández fue reglamentariamente incuestionable por una entrada desmedida por detrás, el caso de Gonzalo Añasgo expuso la miopía arbitral: el jugador resbaló y arrastró al adversario en una acción fortuita.
El reglamento de la IFAB califica con tarjeta amarilla la jugada temeraria o imprudente donde no media fuerza excesiva ni intención de dañar. Añasgo debió ser amonestado, pero Revollo optó por la expulsión directa. Fue la gota que derramó un vaso lleno de improvisación e incompetencia.

La burla a las nuevas reglas
Tras la implementación de las modificaciones reglamentarias de la FIFA luego de la cita mundialista, el torneo doméstico pretendía alinearse a los estándares internacionales. Ocurrió lo contrario. La norma del “solo el capitán” —que faculta exclusivamente al portador del brazalete a pedir explicaciones bajo pena de amonestación a terceros— es letra muerta. Los jueces bolivianos carecen de principio de autoridad: ante cada cobro, son rodeados por montoneras de futbolistas sin consecuencia alguna.
El control del tiempo efectivo roza el ridículo. La regla actual concede un límite estricto de diez segundos para que el jugador sustituido abandone la cancha (evitando los antiguos 30 segundos automáticos de compensación).
En el choque entre Always Ready y Real Potosí en El Alto se realizaron cinco cambios por bando, ejecutados en dos ventanas dobles y una simple, lo que sumaba exactamente un minuto de adición por sustituciones.
Pese a que las expulsiones e incidentes con el cuerpo técnico potosino paralizaron el juego durante 12 minutos, el juez Charles Terrazas adicionó 23 minutos. Un despropósito matemático.
Si se adicionara tiempo por festejo de gol bajo ese criterio distorsionado, encuentros atípicos como el 10-1 de Totora Real Oruro sobre Blooming en diciembre de 2025 habrían requerido medio tiempo extra.

Tecnología secuestrada por la impericia
El videoarbitraje (VAR) en Bolivia no solucionó los problemas; multiplicó las sospechas y evidenció la falta de preparación de las ternas.
- FC Universitario vs. Nacional Potosí: Ivo Méndez expulsó con roja directa a Schneider Peña por reclamos desmedidos. La sanción al insulto es correcta según reglamento, pero Méndez, sus asistentes y la cabina VAR ignoraron por completo el origen del reclamo: un claro empujón previo de Esdras Mendoza dentro del área rival que debió sancionarse como penal.
- Guabirá vs. Blooming: El juez Jordi Alemán expulsó a Marc Enoumba y cobró penal por una supuesta mano que impedía una ocasión manifiesta de gol. Tras el partido, la propia FBF admitió que no existía opción manifiesta y que la roja era indebida.
No obstante, el ente rector ni siquiera advirtió que la mano jamás existió: la trayectoria del balón demuestra que nunca hubo desvío y que este impactó directamente en la rodilla del atacante azucarero.
- The Strongest vs. Oriente Petrolero: Jordi Alemán calcó el yerro de Revollo al expulsar a Kevin Chacón tras resbalón en disputa del balón.

El desgobierno de la FBF
Reducir la crisis a “los silbatos de los fines de semana” es ocultar el verdadero mal. La Federación Boliviana de Fútbol, encabezada por Fernando Costa, transita un camino de discrecionalidad institucional.
La llegada de Costa al sillón federativo tras el deceso de César Salinas estuvo viciada de cuestionamientos estatutarios: la norma exigía cuatro años como presidente de un club profesional o asociación para postular.
Los críticos denunciaron que no cumplía dicho periodo continuo en Always Ready, objeción sorteada mediante interpretaciones acomodaticias de la Comisión Electoral.
En 2023, bajo la bandera de combatir supuestos amaños de partidos, Costa paralizó el campeonato y manchó el prestigio de la competencia. Pasaron tres años de aquel escándalo y no existen sentencias definitivas, sancionados de peso ni resarcimiento moral para quienes fueron incriminados públicamente sin pruebas concluyentes.
Pasanaku, envejecimiento y colapso deportivo
En lo estrictamente deportivo, el campeonato local es un circuito cerrado y mediocre. Mientras las grandes ligas europeas (España, Inglaterra, Italia con 20 clubes; Alemania con 18) disputan calendarios lineales de agosto a junio con copas nacionales por eliminación directa, en Bolivia se inventan torneos inter series carentes de atractivo deportivo solo para cumplir compromisos de pantalla.
Los elencos que acceden a Copa Libertadores o Sudamericana sufren programaciones inhumanas, llegando a disputar partidos del torneo doméstico con 24 horas de diferencia respecto a sus compromisos internacionales.
Ningún club invierte en infraestructura propia; los planteles dependen exclusivamente de los estadios administrados por los Servicios Departamentales de Deportes (SEDEDES), a quienes culpan del mal estado del césped olvidando que el Estado únicamente arrienda un bien público a una entidad privada.
A este panorama se suma el eterno «pasanaku» del mercado interno: técnicos que dirigen dos planteles en un mismo año y futbolistas que mudan de camiseta cada seis meses.
Con un promedio de edad elevado donde los jugadores mayores de 30 años copan las nóminas sin dar paso al recambio generacional, y con demandas recurrentes en las cámaras de resolución de disputas de la FIFA, el fútbol boliviano vive en una burbuja de salarios irreales y rentabilidad nula.
El grito de impotencia de los jugadores en Potosí no es un hecho aislado. Es el reflejo de una estructura viciada donde las cuentas no cierran, la justicia deportiva no existe y la dirigencia mira a otro lado.
Definitivamente: el fútbol, al igual que el gobierno, no cuadra.



