
RÉDITO POLÍTICO A COSTA DE UNA REIVINDICACIÓN
La conmemoración de la efeméride departamental del 10 de noviembre en Potosí dejó una postal que, vista desde lejos y bajo el filtro de la propaganda oficial, pareció sellar una deuda histórica de más de siete décadas: el aterrizaje de una aeronave comercial en el todavía llamado “Capitán Nicolás Rojas”.
Detrás de emotivos discursos, las transmisiones festivas y las promesas de integración aérea inmediata, se esconde una puesta en escena cuidadosamente montada para el rédito político, ejecutada a costa de una legítima reivindicación potosina y sustentada en una obra inconclusa que hoy permanece momentáneamente paralizada.
Lo ocurrido aquella jornada no fue una inauguración ni el inicio de operaciones comerciales, sino un vuelo estrictamente exploratorio de la aerolínea privada Ecojet. La diferencia técnica es abismal, aunque el discurso oficial se encargó de borrarla.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, celebró el arribo asegurando que la terminal cuenta con «una pista muy buena de 4000 metros» y anunció una garantía de USD 25 millones de para la nueva terminal y la torre de control. A su turno, el gobernador René Joaquino sentenció que había cumplido su palabra y que ya podía «irse al infierno», reivindicando una inversión de Bs 600 millones con recursos departamentales.

La realidad física y normativa en el terreno desmiente ambas afirmaciones de manera categórica.
En primer lugar, la pista de 4000 metros no existe como superficie operativa concluida. Para el evento del 10 de noviembre se emitió un NOTAM —comunicado aeronáutico internacional de vigencia temporal— que declaró apenas 2750 metros operativos, aviso que fue anulado esa misma tarde tras la partida de la aeronave.
Pretender habilitar operaciones comerciales regulares sobre una longitud reducida de 2800 metros es inviable, pues el Plan Maestro bajo el cual se concibió y registró el proyecto establece una pista categoría 4C de 4.000 metros de longitud por 45 de ancho.
En aviación civil, las distancias declaradas menores solo se admiten por restricciones de obstáculos tras verificar la existencia de la pista total, nunca para maquillar una construcción a medias.
El vacío institucional durante el acto oficial fue el síntoma más elocuente de esta irregularidad. La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), ente rector encargado de fiscalizar y certificar la seguridad operacional, brilló por su ausencia pese a estar invitada.
Al tratarse de un vuelo de prueba o exploratorio, la operación no requería certificación comercial, lo que permitió a la autoridad aeronáutica evitar validar con su presencia una infraestructura que hoy incumple las Reglamentaciones Aeronáuticas Bolivianas (RAB) 137 y 138.
En el escrutinio de la DGAC no existen medias tintas ni tolerancias políticas: los parámetros se miden y se califican bajo un estricto «cumple o no cumple».
La lista de pendientes técnicos en el lado aire confirma que la promesa de la secretaria departamental de Obras Públicas, Leonor Quispe, de obtener la certificación a principios de 2027, carece de sustento real.
Aún faltan 500 metros críticos de obra gruesa en la pista, además de trabajos de suelo cemento, el camino perimetral, el cerramiento con malla olímpica a la altura reglamentaria de 2,44 metros y una tarea monumental que suele pasar inadvertida: el corte y sellado de juntas en miles de losas de hormigón distribuidas cada tres metros a lo largo de cuatro kilómetros.

A ello se suma un requisito innegociable para la certificación diurna: los sistemas PAPI (Indicadores de Trayectoria de Aproximación de Precisión), indispensables para guiar visualmente el descenso de las aeronaves. Sin estos equipos instalados y calibrados mediante vuelos de verificación, la DGAC jamás otorgará luz verde.
Paradójicamente, de los tres sistemas PAPI rescatados de la antigua pista, dos se encontraban operativos y listos para ser reubicados en el umbral correspondiente, pero la Gobernación los rechazó exigiendo equipos nuevos cuyo costo oscila entre los dos y tres millones de bolivianos, una compra que hasta la fecha no se concreta.
Mientras las autoridades exhibían solvencia financiera, la realidad de las obras revela una crisis económica y administrativa.

La empresa constructora encargada del paquete 3 realizó un esfuerzo financiero extraordinario para concluir la plataforma y la calle de rodaje antes del aniversario, pero ingresó en números rojos debido al desfase de costos provocado al no estar actualizados los precios.
El acuerdo tácito fue cumplir hasta el 10 de noviembre y luego ajustar este aspecto; sin embargo, la Gobernación carece de respaldo legal para actualizar el contrato. Un escenario similar enfrenta el Servicio Departamental de Caminos (SEDECA), cuyo contrato llegaba hasta la subrasante y quieren que se haga cargo del suelo cemento sin el presupuesto adecuado.
El resultado es elocuente: desde el día posterior al festejo, las máquinas se detuvieron y ni un solo trabajador retornó a la pista.
El lado tierra y el entorno urbano tampoco resisten una inspección a detalle.
La actual terminal carece de servicios básicos esenciales como agua potable, conexiones de gas e internet, aspectos que la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) fiscaliza antes de autorizar el flujo de pasajeros.
Incluso los anunciados buses ecológicos para el traslado interno terminaron reducidos a un único minibús adaptado de forma improvisada, mientras el acceso vial desde la ciudad por el sector de Karachipampa colapsó ante apenas un centenar de vehículos debido al desorden urbano, la falta de señalización y la cercanía de un botadero municipal que atrae aves y canes, generando un grave riesgo de impacto con fauna.

La operación misma del 10 de noviembre estuvo marcada por la improvisación y el cálculo político.
Ecojet asumió un costo operativo atípico al comprometer dos de sus aeronaves para garantizar el espectáculo: cuando el primer avión sufrió un desperfecto mecánico tras despegar de Santa Cruz, una segunda nave esperaba en plataforma para concretar el viaje, dejando al descubierto que el objetivo era cumplir la foto oficial a cualquier precio y ofertar servicios cuando la fecha de reinicio sigue en el limbo.
Ni el gobierno central necesitaba presentar como un nuevo logro los USD 25 millones—un compromiso financiero que ya existía desde gestiones anteriores y cuya ejecución demandará casi mil días—, ni la Gobernación potosina puede darse por satisfecha.
Afirmar que se invirtieron Bs 600 millones en una obra inconclusa y paralizada momentáneamente no cierra un ciclo; por el contrario, abre la puerta a serios cuestionamientos administrativos por presunto daño económico al Estado.
El gobernador tendrá que postergar su anunciado viaje al infierno: en la tierra aún queda pendiente concluir, financiar y certificar el aeropuerto que Potosí realmente merece, lejos del aplauso fácil y la demagogia efímera. (Fotos: Eventos Potosí-Films/MOPSV/GADP).



