NI VIOLENCIA PARA RECLAMAR NI ABUSO PARA REPRIMIR
Hay momentos en los que una demanda social pierde legitimidad cuando quienes la enarbolan confunden el derecho a protestar con la facultad de imponer sus exigencias mediante la violencia. Pero también hay momentos en los que el Estado, llamado a preservar el orden y garantizar los derechos ciudadanos, termina convirtiéndose en protagonista de acciones que recuerdan los tiempos más oscuros de la represión.
Lo ocurrido en Potosí y La Paz plantea precisamente esa preocupación.
En la Villa Imperial, mientras la población conmemoraba los 216 años de su gesta libertaria, grupos de cooperativistas mineros protagonizaron hechos que van más allá de una movilización reivindicativa. El ataque a un vehículo en el que viajaba una familia, incluidos niños y personas de la tercera edad, así como las agresiones a motociclistas y transeúntes, reflejan una preocupante intolerancia frente a quienes no forman parte de sus demandas.
¿Hasta dónde puede llegar la violencia para exigir atención gubernamental? ¿En qué momento una protesta deja de ser un mecanismo legítimo de presión para convertirse en una amenaza contra la seguridad de la ciudadanía? Ninguna demanda sectorial, por justa que pudiera considerarse, otorga licencia para agredir, destruir bienes o sembrar temor entre la población.
Pero la otra cara de esta jornada tampoco puede quedar al margen del análisis.
En La Paz, efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) ingresaron al Instituto Tecnológico Pedro Domingo Murillo, utilizaron agentes químicos y arrestaron a estudiantes y docentes durante los conflictos registrados en la autopista La Paz-El Alto. Cerca de 35 personas fueron detenidas, aunque posteriormente recuperaron su libertad. Las denuncias de que algunos fueron sacados del interior del establecimiento contradijeron la versión inicial de la Policía y exigen una investigación.
La imagen de efectivos policiales ingresando a un centro educativo inevitablemente devuelve la memoria a agosto de 1971, cuando las fuerzas militares ocuparon la Universidad Mayor de San Andrés durante el golpe de Estado encabezado por Hugo Banzer. No se trata de equiparar ambos episodios ni sus contextos históricos, sino de advertir que los recintos educativos no pueden convertirse en escenarios de represión.
Una institución educativa debe ser un espacio de formación, no un territorio donde la fuerza pública ingrese sin límites ni garantías.
El problema, por tanto, tiene dos responsables dimensiones: quienes creen que la violencia fortalece sus reivindicaciones y quienes, desde el poder, confunden autoridad con uso indiscriminado de la fuerza.
La democracia no puede quedar atrapada entre la intimidación de los movilizados y los excesos de quienes deben proteger a la sociedad. Cuando ambos extremos se imponen, los derechos ciudadanos terminan siendo las primeras víctimas.
